Meza tenía tiempo hasta el pasado miércoles 16 para emitir su veredicto sobre los funcionarios nombrados del MSP investigados en torno al llamado para la “Adquisición urgente de insumos y camas para Covid-19”. La representación legal del MSP, a instancias de la abogada Dolly Leiva, ya se había ratificado en la acusación contra los funcionarios señalados el 14 de agosto pasado.
El juez había convocado a autos para conclusión o sentencia, a ambas partes, para el 2 de setiembre. Por lo que, a partir de esa fecha, tenía diez días hábiles para expedirse en la causa. Pero el letrado no logró finiquitar aún el expediente.
Debía expedirse el 16 de setiembre a más tardar. “Estoy trabajando en el sumario”, respondió ese día sin revelar que dos días antes –el 14 de setiembre– había solicitado una prórroga, prevista en el artículo 78 de la Ley 1626 de la Función Pública, para resolver la causa.
La SFP le concedió el pedido anteayer otorgándole no más de 20 días corridos desde el 25 de setiembre, fecha en que vence el plazo de 60 días hábiles estipulado en el sumario administrativo. De modo que el 15 de octubre, sin falta, ya deberá elevar un dictaminen. “Es muy complejo y técnico”, contestó sobre la causa en un mensaje de WhatsApp enviado a ÚH.
ANTECEDENTE
La Contraloría General de la República (CGR), en su informe del 21 de mayo, expuso 13 observaciones sobre irregularidades administrativas en el proceso de la adjudicación en cuestión. “En la etapa probatoria esta representación no consideró que hayan sido desvirtuadas esas observaciones”, sostuvo Leiva.
Desde la Dirección Anticorrupción del MSP se excusaron de revelar qué recomendación dieron a la máxima autoridad respecto a los sumarios contra los funcionarios contratados, quienes habían conformado el Comité de Evaluación.
Esa investigación –llevada en paralelo a la causa contra los nombrados– recayó sobre esa dependencia, a cargo del abogado Engelberto García. Hacia finales de agosto pasado, García elevó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, su veredicto cuyo alcance era establecer o no las sanciones correspondientes, las cuales van de una suspensión temporal o la desvinculación. Pero hasta ahora se desconoce su contenido.
