Luis Bareiro
lbareiro@uhora.com.py
El exdirector jurídico del BCP y hoy miembro del directorio de la entidad, Benigno López, dijo que los elementos que se dieron a conocer hasta ahora sobre las supuestas inversiones a las que destinaron más de 100 millones de dólares de la Caja social de Itaipú, le recuerdan inevitablemente al caso de los 16 millones de dólares, el escándalo que estalló una década atrás y que salpicó, en su momento, a toda la ad- ministración del entonces presidente Luis González Macchi.
Se trata del dinero desviado de dos bancos que estaban en proceso de liquidación extrajudicial, el Unión y el Oriental, a la cuenta de una supuesta fundación humanitaria que, en teoría, invertiría los recursos en operaciones de alta rentabilidad.
Tales operaciones nunca existieron. Era una estafa en la que cayeron uno de los miembros del directorio del BCP y el superintendente de Bancos de la época.
López recordó que los gestores de la estafa, José Manuel Ávila y John Tulac, utilizaron los mismos argumentos que hoy esgrimen los intermediarios que recibieron el dinero de la Caja de Itaipú. Decían que los fondos se invertirían en acciones o en garantías bancarias o en pólizas de seguro de vida.
López era, por entonces, jefe del Departamento Jurídico del BCP y contra la voluntad del propio Gobierno de la época (había familiares del entonces mandatario González Macchi involucrados en la operación), inició una acción legal en Estados Unidos, adonde fueron a parar los fondos, que permitió congelar una parte del dinero (unos 14 millones de dólares) antes de que los estafadores lo hicieran desaparecer por completo.
El ahora director del BCP recordó que ese fue un proceso sumamente difícil, que fue duramente cuestionado por los costos que implicaba litigar fuera del país, pero que en definitiva permitió la repatriación del dinero, tras el largo juicio, que culminó hace apenas unos seis meses.
DÉJÀ VU. En el caso de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), media docena de empresas que supuestamente operan en Canadá y que prometieron retornos extraordinarios, consiguieron que sus anteriores administradores, encabezados por Víctor Bogado Núñez, sobrino del ministro de la Corte Víctor Núñez, les remesaran más de 56 millones de la previsional.
Todas las empresas aparecen vinculadas con un supuesto operador financiero guatemalteco, Eduardo García Obregón, acusado por la prensa de su país de participar de un multimillonario fraude contra cientos de jubilados guatemaltecos.
Bogado también encabezó la aprobación de otras inversiones administradas por Marcelo Barone, un panameño radicado en Londres. Según confirmó el actual presidente de la Cajubi, Luis Cadogan, la mayor parte de estas inversiones caducaron y no se ha recuperado un solo dólar. Todo apunta a que la triste historia del desvío se repite.
HUBO CONDENADOS
En el caso del desvío de fondos de los bancos en liquidación, Unión y Oriental, la Justicia paraguaya terminó por condenar a prisión a Julio González Ugarte, uno de los miembros del directorio del BCP; y al entonces superintendente de Bancos, Carlos Pecci; a los liquidadores de los bancos y a otros cómplices privados.
Las penas fueron de hasta ocho años de prisión. El último en recuperar su libertad fue González Ugarte.
El fiscal que investigó el caso llegó a imputar y pidió la destitución, mediante juicio político, del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.