Construida en un valle rural a una corta distancia del imponente volcán Chichontepec, en Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), se destaca por rigurosos controles de ingreso.
El presidio fue construido para recluir a parte de los 62.975 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado.
Con el fin de construir la cárcel el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.
Para ingresar al presidio tanto reclusos como personal de seguridad y administrativo tienen que llegar a zonas de registro antes de pasar por tres portones fortificados controlados por guardias de seguridad.
Cada pandillero que llegue, además de pasar por un escáner corporal deberá registrarse en un área de ingreso donde le tomarán fotografías.
Las autoridades no han informado cuándo comenzará el traslado de pandilleros a la megacárcel.
Para dar autonomía al presidio, el ministro salvadoreño de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, declaró que se perforaron dos pozos, se instalaron una planta de abastecimiento de 600 metros cúbicos de agua, cuatro cisternas, y construyeron ocho subestaciones de energía eléctrica.
Con el fin de garantizar el fluido eléctrico, el penal dispone además de plantas de emergencia a base de combustible.
También fue construida una planta de aguas residuales.
Frente a los pabellones de celdas, figura un cuarto de control para operar los sistemas de agua y electricidad para que los internos no tengan capacidad de “manipular” ambos servicios, explicó el director del CECOT, quien prefiere mantenerse en el anonimato.
Los pabellones tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos.
En la cárcel, que fue construida en un tiempo récord de siete meses, trabajaron 3.000 personas y la obra fue supervisada por una empresa mexicana.
Enfoque “integral”
La organización Amnistía Internacional expresó este viernes “su profunda preocupación” por la nueva cárcel y llamó a Bukele a “cambiar de rumbo” en su política de arrestos masivos.
“Amnistía Internacional ha denunciado un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador. La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, dijo la organización en su cuenta de Twitter.
“La violencia de pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población”, añadió Amnistía, que llamó a “la comunidad internacional para que actúe”.
Rigor en celdas
Cada pabellón posee un área de construcción de 6.000 metros2, y en cada una de sus 32 celdas provistas de barrotes de acero, se alojarán “más de cien” pandilleros, explicó el ministro Rodríguez.
Los reclusos disponen en cada celda -de unos 100 metros cuadrados-, de dos piletas con agua corriente para el aseo personal, y dos inodoros.
Cada celda también dispone de camarotes de lámina de hierro sin colchón para que duerman 80 personas.
Además, en cada pabellón existen las “celdas de castigo” oscuras y sin ventanas que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta.
“No se han construido patios (...), áreas de recreación, ni espacios conyugales”, por lo que los pandilleros solo saldrán de la celda cuando vayan a una sala para su proceso judicial virtual.
En esta nueva cárcel, estarán alojados los miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.
Las principales actividades de estos grupos consisten en extorsiones a particulares y comercios, sicariato y venta de drogas.
Se reducen homicidios
El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja durante la administración del presidente Nayib Bukele, que mantiene una lucha frontal contra las pandillas.
“Hay una reducción en los homicidios, y esto genera una tasa de violencia homicida en El Salvador por cada 100.000 habitantes de 7,8", aseguró en una rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Villatoro explicó que en 2021 la tasa de homicidios fue de 18,1 por cada 100.000 habitantes.
En 2022 se registraron 495 homicidios, cifra menor en comparación a los 1.147 homicidios contabilizados en 2021.
La tasa de homicidios del año pasado es la menor registrada durante la presidencia de Bukele, que asumió en junio de 2019. En ese año la tasa de homicidios fue de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos del ministerio de Justicia y Seguridad.
AFP
