No podemos culparnos de las fantasías violentas que nos provocan. Mientras paralizábamos el país para contener la pandemia –a un costo estimado de 40 millones de dólares por día– y comprarle tiempo a un Estado al que le urgía pertrechar su escuálido sistema de salud, la peste de la corrupción se cebaba sin pudor en esa misma urgencia, preparando las licitaciones a gusto y paladar de los carroñeros de siempre.
Es una bronca absolutamente justificada, pero, podemos canalizarla de la manera habitual, haciendo terapia en las redes o esperando ingenuamente que esta vez la Justicia sí caiga sobre la cabeza de los responsables; o podemos convertir la indignación en una fuerza que obligue a realizar cambios de fondo.
Me explico. Está visto que el modelo de compras del Estado se montó para robar. Hay una sola Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero cientos de pequeñas unidades de compra en cada una de las reparticiones del Estado. Se llaman unidades operativas de contrataciones (UOC) y se encargan de dar vida al documento donde se comienza a perpetrar el saqueo, el famoso pliego de bases y condiciones; las reglas que definen quién gana o pierde cada licitación.
Este diseño responde al modelo feudal del Estado paraguayo. Cada sector político tiene a su grupo de financistas o socios comerciales que les pagan las campañas y luego engordan con las contrataciones públicas. Para que el modelo sea eficiente y equitativo cada grupo político requiere de una porción del aparato público bajo su control, incluyendo su unidad operativa de contrataciones. En general, lo poco que se filtra de las compras amañadas se debe a que hay una disputa permanente entre los filibusteros de los diferentes grupos políticos y, por lo tanto, cuando uno de los bucaneros queda fuera del reparto del botín, lanza la voz de alerta: ¡Socorro, piratas!
¿Por qué comprar a través de cientos de unidades y no de una sola institución como tienen los chilenos? Es simple. Porque es infinitamente más complicado controlar cientos de unidades de compras que una sola. ¿Por qué deberían ser diferentes las reglas para comprar papel higiénico en Obras Públicas que en Salud o en Hacienda? ¿Que no se mandan todos las mismas… los mismos desechos?
¿No sería más lógico que el ministro de Salud se ocupara exclusivamente de mantener sus políticas de control sanitario y se limitara a informar al –por decir– ministerio de compras cuántos insumos necesita? ¿Acaso no es más fácil montar un sistema informático ágil y transparente con los funcionarios de mayor experiencia –de la buena, no de la otra– en una entidad que en cientos de ellas regadas a lo largo y a lo ancho de la República?
¿Necesita cada municipio comprar resmas de papel? ¿No pueden tener todos los municipios de cada departamento una sola UOC departamental que compre de una vez las resmas que necesitarán todos? ¿O el problema es que eso les obligaría a tener que explicar para qué necesitan tantas resmas? ¿Será que es muy complicado justificar que las resmas se acaban porque al intendente le gusta hacer barquitos de papel en sus tiempos libres… y que quien le vende las resmas es su primo?
En el Estado las reglas se deben establecer siguiendo la trillada frase que dice que la oportunidad hace al ladrón. Nunca podremos saber quién es ladrón hasta que tenga la oportunidad de robar. Por eso lo más lógico es minimizar las oportunidades. Hacienda viene anunciando desde hace meses que presentará un nuevo plan de compras públicas. Apuremos ese cambio. O la bronca puede llevarnos a materializar algunas de nuestras fantasías violentas. Y más de un pirata acabará viendo cómo cuelgan sus pies en una plaza.
