El hecho ocurrió en un puerto clandestino ubicado en la Villa Kuwait del barrio San Miguel. Los militares que fueron a verificar un cargamento fueron recibidos con disparos con arma de fuego y apedreados por un grupo de personas que se encontraban en el barranco del río Paraná, según la imputación fiscal. En el lugar fue herido de gravedad, con un disparo en la cabeza, el militar Marcos Agüero, quien falleció a la tarde. En el momento del tiroteo, el ahora fallecido estaba con los militares, Silvio Andrés Rojas Ascurra, Óscar Sánchez, Óscar Silvero y Enrique Zorrilla, quienes luego de recibir el apoyo de otra lancha pudieron auxiliar al herido, según el escrito.
Los marinos por su parte irrumpieron en el vecindario con 3 camionetas apoyados por la Policía Nacional, donde detuvieron a 35 personas sospechosas. Los detenidos quedaron incomunicados por más de 12 horas y sometidos a torturas por parte de los militares para que confiesen quiénes estuvieron en el tiroteo, según la denuncia de los familiares, muchos de ellos menores de edad, incluso trasvestidos y ancianos, que fueron sacados de sus viviendas por la fuerza. Una niña de 2 años acusó un golpe con culata de arma de fuego, mientras que el militar que la agredió forcejeaba con la madre, según las denuncias.
“Es una situación muy delicada, estamos recabando datos para tener la película mucho más clara, verificando la situación de lo ocurrido. Conversando con distintos actores, personas detenidas y la comunidad. Vamos a registrar lo mejor posible los relatos y las secuelas de lo ocurrido y en base a eso, informar al Ministerio Público y a las autoridades pertinentes”, explicó ayer el comisionado Dante Leguizamón. La comitiva estuvo integrada por Lourdes Barboza, Estela Marys Cacace, Elizabeth Flores, José Antonio Galeano y Soledad Villagra, del MNP.
seguirán firmes. El capitán de navío de Estado Mayor, Cristhian José Rotela Valdez afirmó que la unidad a su cargo, involucrada en la tortura de varios civiles hace algunos días, seguirá actuando con firmeza y contundencia contra el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y la entrada ilegal al país de personas para disminuir el avance del Covid-19.
Todos los efectivos militares que participaron de la detención de 35 personas permanecen en la unidad bajo su mando, excepto el destituido comandante, capitán de navío Walter Díaz. “La Armada Paraguaya no tolerará ningún tipo de abuso que pueda ser realizado por parte de su personal, en caso de que en las resultas de la investigación se demuestre que algún personal haya tenido mala fe, para actuar en forma prepotente o abusando con los ciudadanos, con todo el rigor que establecen los reglamentos y las leyes militares serán sancionados”, dijo Rotela Valdez.