La Comisión Especial de Supervisión de Compras (CESC) por el Covid-19, liderada por Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), deberá dar su visto bueno a cada uno de los llamados relacionados con los fondos de la conocida como Ley de Emergencia que encare el Ministerio de Salud Pública.
Esto, luego de haberse detectado irregularidades en 32 procesos realizados por la cartera sanitaria en el marco de la pandemia. La decisión, tomada por Mario Abdo Benítez, presidente de la República, afecta a los procesos encarados a través de organismos externos, que no estén afectados por la Ley de Contrataciones Públicas.
Este mecanismo de trabajo ya se está implementando, según comentó Giuzzio en una entrevista concedida a Última Hora. De esta manera, la CESC revisó y respondió el viernes último un proceso organizado a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), agregó.
ATRASOS Y POLÉMICA
Salud recibió un total de USD 94 millones para hacer frente a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Sin embargo, solo usó USD 4 millones, que equivalen a una ejecución de 4%, la menor si se comparan todas las instituciones que recibieron los denominados fondos Covid. La detección de diferentes tipos de irregularidades en los procesos de compra de la institución empañó los procedimientos realizados en la crisis.
El caso más polémico fue el de la compra de insumos y de camas, que tuvo como adjudicadas a las empresas del clan Ferreira, Imedic y Eurotec. Se acabó rescindiendo totalmente el contrato con las mismas, luego de determinarse el incumplimiento de las proveedoras.
Estas empresas, además, pasaron a estar en la mira de diferentes entidades de control. La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hallaron indicios de colusión entre estas dos compañías.
94.000.000 de dólares recibió el Ministerio de Salud de parte de Hacienda en el marco de la Ley de Emergencia.
4.000.000 de dólares fue lo que llegó a utilizar Salud a más de 100 días de haberse decretado medidas por crisis.
32 procesos de compra de la cartera sanitaria fueron declarados como irregulares por parte de la CESC.
