Con este resultado, ya se podría tratar la propuesta en la sesión ordinaria de mañana. No obstante, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación tienen previsto analizar hoy.
“Existen herramientas menos gravosas como la modificación de la Ley Orgánica Policial, mejorando la redacción, en lugar de recurrir a la modificación del Código Penal. Debería ser la última instancia a la que recurrir”, fue en parte el dictamen de los técnicos de DDHH.
“Hay personas que en época de dictadura salían a las calles. Le escuchaba a esa persona hablar sobre la democracia, y ahora nos presentan estos proyectos, que sobre todas las cosas imboriahu haguére lo mitã oguerahase preso (por ser pobres les quieren llevar presos)”, indicó el progresista Pedro Santa Cruz, en el momento del debate.
“Rechazo este proyecto de ley porque viola la Constitución Nacional en su esencia de comprensión de un estado social de derecho y de una sociedad basada en derechos fundamentales del hombre. Es liberticida”, sentenció el luguista Jorge Querey.
“Es la sumatoria política de una serie de proyectos, desde donde intentamos levantar esta frágil democracia (...) Estamos en el camino de la construcción de un Estado autoritario, legitimado por leyes que son contrarias a principios fundamentales de la Constitución”, advirtió.
“Pero levantar esa vara en un momento que hay 700.000 personas que comen una vez al día; 2.500.000 personas pobres que van a estar protestando...”, lamentó.
El titular de la comisión, Gilberto Apuril, explicó que el proyecto no figuraba en el orden del día, pero que se incluyó a pedido de Enrique Riera, uno de los miembros.
“Hay una situación crítica en todos los sentidos. Como legisladores estamos obligados a buscar la salida y dar solución a estos problemas”, dijo el liberal José Ledesma.
“Si tienen hambre, vamos a darles comida, ayuda, herramienta, apoyo. No es darle garrote ni mandarle a la cárcel. No se soluciona si se criminalizan derechos”, sostuvo.
“Entonces todos los que firmamos odiamos a los pobres. No hubiésemos mandado a maestras rurales a Europa (...)”, justificó Riera.
“Todo el sistema CIDH conozco. Me prepararía para ir afuera a debatir, pero no salió”, alegó, rememorando su rechazo en el Senado como embajador ante la OEA.
“Entiendo la preocupación que hay hambre, vamos a atropellar todos los supermercados”, ironizó. “La ley que no tiene sanción no sirve”, dijo, y habló de falta de conocimiento jurídico de sus pares.
Está en juego la libertad de las personas, y con esto se denota sobre todas las cosas el odio a los pobres.
Pedro Santa Cruz,
senador del PDP.
Si creemos que penalización de esas conductas es la salida, estamos muy equivocados. Va a subir el nivel de conflicto.
Jorge Querey,
senador del FG.
Riera anuncia que la pena sería solo hasta 3 años
El senador colorado Enrique Riera participó como miembro de la Comisión de DDHH del debate sobre la criminalización de las protestas. Mencionó que realizó algunos ajustes en consenso con los 8 proyectistas, y sugirió que la ley se denomine Bacchetta-Silva Facetti, ya que la otra, sobre invasiones, ya lleva su apellido y el de Fidel Zavala. “Después de todos los debates que se produjeron, hicimos un ajuste en la reducción de la pena (...) Nos acerca un poco más a la realidad. Se redujo a 3 años, y solo en caso de violencia serían 6”, alegó. “La libertad provisional o medidas alternativas es una decisión paralela. Se aplican por otros motivos, peligro de fuga, obstrucción de la investigación. No está atado a la pena”, aseguró.