Política

Colorados protegen a sospechados, pero sancionan a los “charlatanes”

La destitución de Carlos Portillo fue un mensaje claro de las bancadas coloradas, sobre todo del cartismo, de que la corrupción no es penalizada en Diputados, sí la ventilación de manejos turbios.

Una lista muy extensa de antecedentes es la que poseen los miembros de la Cámara de Diputados e igualmente nunca fueron desvinculados de sus cargos, sino, más bien, protegidos en un acuerdo corporativista que le valió el mote de Cámara de la Vergüenza entre los ciudadanos.

La pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo fue el primer caso en la historia y no precisamente por haber incurrido en un hecho de tráfico de influencias, como se escucha en audios de sus conversaciones que fueron filtrados –ya que en 2019 fue procesado por un caso calcado y salvado por sus colegas–, sino porque en ellos menciona al presidente de la Cámara, Pedro Alliana, como quien reparte los nombramientos entre cartistas.

El mensaje claro que recibió la ciudadanía después del juicio a Portillo, fue que en Diputados no se castiga la corrupción, sino el hablar de más, como dijo el mismo Alliana, quien calificó al liberal como “charlatán”.

Otros diputados jamás recibieron sanción alguna pese a las graves denuncias de corrupción que pesan en su contra. Sin embargo, el año pasado, marcando un hecho histórico, la Cámara Baja decidió castigar con una suspensión de 60 días sin goce de dieta a la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla, también por sus dichos, aunque en este caso por sus denuncias críticas.

Amarilla dijo que los legisladores obtuvieron su banca de forma irregular y que Horacio Cartes fue el financista de la mayor parte de los cargos.

En el caso de Portillo, tras su acusación, se apuró en deslindar a Alliana, luego de notar su enojo por los audios, y en su mismo tono de discurso negó que el presidente de la Cámara reparta los nombramientos y aclaró que lo único que se lleva adelante son desprecarizaciones.

Caso ignorado. En diciembre pasado también se difundieron audios comprometedores del diputado de Honor Colorado Derlis Maidana, pero estos fueron ignorados y no tuvieron efecto alguno en la Cámara Baja.

En el audio se escucha supuestamente al diputado Derlis Maidana conversar con quien sería el titular de Aduanas. En el diálogo de 19 segundos, el legislador pide liberar una carga para favorecer a una persona que podría significar un voto.

Maidana dijo que no podía confirmar si se trataba de su voz.

“Yo no sé si el audio es mío, nunca hablé con el director de Aduanas y tampoco en el audio se habla de un cargamento, ni de mercaderías, así que desmiento, no estoy seguro”, sostuvo.

La Cámara de Diputados tiene antecedentes de proteger a sus miembros.

Recientemente, ni siquiera le fueron retirados sus fueros al diputado Éver Noguera, quien fue imputado por un caso de irregularidades en la provisión del almuerzo escolar en el Departamento de Guairá, poniendo trabas a la investigación.

Investidura. El artículo 201 de la Constitución Nacional castiga el tráfico de influencias de los legisladores.

Señala que “los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.

No obstante, la Cámara de Diputados no cuenta con un reglamento claro del procedimiento de expulsión ya que el caso de Portillo fue el primero.

Antes, el ex diputado José María Ibáñez había renunciado por el caso de sus caseros, similar al caso Rivas. Fue salvado primero, pero ante la presión ciudadana tuvo que dejar su cargo. También Karina Rodríguez renunció por un cargo en la Municipalidad.

Éver Noguera
Imputado y salvado
Abdista. El diputado fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso de adquisición de almuerzo escolar en Guairá, hecho en el cual también fue procesado Rodolfo Friedmann. Sin embargo, los colorados rechazaron su desafuero.


Tomás Rivas
Protegido
Cartista. El colorado está procesado por el caso conocido como caseros de oro. Tres funcionarios particulares de Rivas cobraban salarios en el Congreso sin prestar servicio en la sede legislativa. Fueron condenados, pero el diputado no perdió su investidura.

Miguel Cuevas
Preso y liberado
Abdista. El legislador está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Los colorados ni siquiera plantearon su pérdida de investidura y cuando cumplió prisión preventiva solo consideraron su ausencia como un permiso en sus funciones.

Ulises Quintana
En lista negra
Abdista. El parlamentario está procesado por supuestos vínculos con el narcotraficante Cucho Cabaña y hasta fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos. No obstante, fue rechazado el pedido de pérdida de investidura.


Avelino Dávalos
Gran faltante
Cartista. Está siendo investigado por un faltante cuando era gobernador del Departamento de Caazapá. Sin embargo, la denuncia no avanza por retraso en el proceso llevado adelante por la fiscala Victoria Acuña, que ya le valió un llamado de atención del JEM.


Justo Zacarías
Miembro del clan
Cartista. Le fue abierta una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, junto con su hermano Javier Zacarías. El diputado fue gobernador de Alto Paraná y fue denunciado por abogados por irregularidades.


Freddy D’Ecclesiis
Familia sospechosa
Abdista. Los familiares del legislador son investigados por vínculos con el narcotráfico. En 2018 se encontró droga en el hangar de su cuñada. Mientras que su hermano, Víctor D'Ecclesiis, fue condenado en 2009 a 8 años de cárcel por posesión y tráfico.


Marlene Ocampos
Desvío de fondos
Cartista. Es investigada por un daño patrimonial de más de 1.000 millones en su gestión como gobernadora de Alto Paraguay, periodo 2013-2018, también por sospecha de malversar fondos públicos en el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016.


Esteban Samaniego
Faltante municipal
Abdista. Fue intendente de Quyquyhó antes de ser diputado y tras su administración fue denunciado por hechos de corrupción como la construcción de un baño para una escuela por G. 150 millones, pero que habría costado solo la mitad, entre otros.


Nano Galaverna
Equipo planillero
Abdista. En el 2010, el Estado desembolsó un total de G. 127.360.000 para pagar los salarios de los jugadores del club de fútbol 24 de Mayo de Ypacaraí, donde Nano era arquero. Los futbolistas fueron contratados por el TSJE y fueron acusados de planilleros.

Bachi Núñez
Corrupción
Cartista. Fue denunciado ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y posible tráfico de influencia. Supuestamente, siendo intendente de Villa Hayes, Bachi se vio involucrado en un faltante de G. 6.000 millones, y fue vinculado todo el clan Núñez.


Cristina Villalba
Nexo sospechoso
Cartista. La diputada de Canindeyú, conocida como la madrina, es cercana al ex intendente de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta, condenado por el asesinato de los periodistas Pablo Medina y Antonia Almada. Fue relacionada con narcotráfico de frontera en 2015.

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