La decisión de Diputados es el último paso que falta para saber si queda o no sin efecto la anulación de facturas, ya que el Senado rechazó el veto y confirmó la sanción.
No obstante, a pedido del diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, el proyecto no fue tratado.
La tendencia entre colorados es aceptar el veto del Ejecutivo, bajo el argumento de que la vigencia de esta ley traería un alto impacto financiero a la ANDE.
Núñez se basa en un estudio que señala que la exoneración del pago de las facturas por los servicios básicos, hasta un consumo de 1.000 kWh por mes, para todos los usuarios, ascendería a unos 34,4 millones de USD/mes, que para los meses de marzo a agosto alcanzaría unos USD 206,2 millones. De prorrogarse hasta diciembre de 2020 se tendría un impacto total que superaría los USD 340 millones, expresa el documento presentado por el diputado cartista.
El proyecto se originó luego del escandaloso caso de sobrefacturaciones de la ANDE al inicio de la cuarentena.