Además entregaron una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Carlos María López.
En su nota de respaldo al juicio, la Codehupy señaló que en marzo del 2019, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos confirió un estatus B a la Defensoría del Pueblo del Paraguay.
“Esta certificación significa que la institución no es completamente independiente y que no cumple con su mandato, conforme a los principios de París”, dice la nota.
“Este señor no representa a los intereses del pueblo. Él está llevando a su antojo el presupuesto y el manejo de la institución”, dijo Vidal Acevedo, de Codehupy.
Acevedo refirió que la Codehupy respalda todo lo citado en el libelo acusatorio.
Aseveró que Godoy ya no debía ser reelecto y que hay personas con mayor trayectoria y experiencia para asumir las responsabilidades del cargo.
“Queremos impulsar un mecanismo donde las organizaciones sociales y de derechos humanos, podamos ser parte de una mesa para presentar el perfil que debe tener el defensor del Pueblo”, resaltó Acevedo.
La nota menciona que “el proceso de selección y elección se ha caracterizado por el manejo partidizado, y poco transparente, situación que ha afectado y determinado la absoluta debilidad institucional”.
Codehupy es la red nacional de organizaciones de la sociedad civil para la promoción y defensa de los derechos humanos en Paraguay.
