De protagonizar uno de los capítulos más nefastos de la pandemia, al malograr una compra de insumos médicos estratégicos, allá en abril, que iban a reforzar las trincheras abiertas en los hospitales en esta batalla contra el nuevo coronavirus, el clan Ferreira –liderado por el empresario Justo Ferreira– pretende ahora importar las vacunas Covid.
Al menos esa fue su intención, ya que buscó registrarse ayer ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para poder traer al país la vacuna rusa, la Sputnik V.
Apelaron a la imagen no tan gastada de la firma Survycon SA (Survey & Control), cuyo director es el citado empresario y que es presidida por Gerardo Alvarenga Bonzi, hermano del concejal colorado, José Alvarenga Bonzi, quien fue filmado comprando votos en la Chacarita.
Pero al hojear sus papeles en la entidad reguladora del Ministerio de Salud Pública (MSP) dieron cuenta de que la documentación de Survycon, creada en el año 2018, estaba “incompleta” y era “poco creíble”.
“No parecían documentos bien respaldados. Le faltó documentación que tiene que respaldar al registro sanitario, sobre todo productos biológicos. Documentos que tienen que ver con el poder de representación, y, además, la ficha técnica estaba incompleta: el mecanismo de traslado, la logística, las condiciones de estabilidad de la cadena de frío y todo eso que para nosotros es fundamental”, explicó a ÚH la Dra. María Gamarra, directora de la Dinavisa.
Le pusieron al corriente de todo eso y “ellos decidieron anular el trámite y retirar el expediente”, dijo.
LEGALIZACIÓN
Otra empresa nacional se presentó también ayer ante Dinavisa con el fin de importar la promisoria vacuna.
Se trata de Laboratorios Guayaki SA. Pero la autenticidad de sus papeles también fue puesta en tela de juicio. “No podemos evaluar un expediente que no tenga documentos con el respaldo suficiente. Vienen documentos de origen que no tienen la apostilla correspondiente”, refirió al señalar que con motivo de la pandemia se habían suspendido algunos trámites en tal sentido.
Gamarra precisó que la apostilla es una legalización, como una consularización, que se produce en el país fabricante del productor.
Tanto Survycon como Guayaki presentaron copias y ya que no tenían el respaldo de la apostilla de algunos documentos de orígenes, entonces, “debería primero verificar su autenticidad”.
“El apostillado para nosotros significa que ese documento es legítimo; así como el poder que le otorga el proveedor”, instruyó. Y viceversa, “al no tener, no podemos verificar eso ni dar curso a los expedientes”, indicó.
Gamarra lanzó un llamado a las firmas privadas que quieran importar la vacuna contra el Covid-19 a obrar con seriedad y a cumplir con todos los requisitos legales para el efecto.
“Hago un llamado a las empresas privadas a que trabajemos juntos en esto y que se presenten con toda seriedad y responsabilidad; sobre todo en este tema de pandemia y con más razón con las vacunas. Por favor, si van a presentar alguna documentación que sea muy bien respaldada porque yo no voy a dar curso a ningún expediente que no esté respaldado con documentos auténticos. Entonces, quiero hacer una exhortación al sector privado para que actúen con mucha responsabilidad en estos casos y presenten las cosas como corresponden para que ninguno sea pasible de duda; ni desde Vigilancia ni ellos del sector privado”, exhortó.