24 feb. 2026

Circuito cerrado del BNF muestra a abogado cobrando

El video del circuito cerrado del Banco Nacional de Fomento (BNF) despeja cualquier tipo de duda y muestra el modus operandi de este grupo para aprovecharse de gente vulnerable.

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Cobro. El abogado Darío Aquiles Flores, uno de los imputados, en el momento en que cobra el dinero en el Banco Nacional de Fomento.

GENTILEZA

En el circuito cerrado del Banco Nacional de Fomento (BNF) se puede observar las gestiones que realizaron para el cobro irregular de las indemnizaciones por parte de la ANDE que debió haber llegado a dos familias humildes de Caaguazú y que dejan al descubierto el modus operandi de este grupo encabezado por el abogado Darío Aquiles Flores y Anadelia Acosta Armoa, quienes ya fueron imputados por este hecho.
En el video se ve que el letrado acude a la ventanilla y espera pacientemente para cobrar.

El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.

Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores, Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte afectada en concepto de indemnización a través de los expedientes

Con una carta poder para asuntos judiciales y administrativo, el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, retiraron los cheques en representación de los beneficiarios, pero no estaban facultados a cobrar el dinero.

Sin embargo, a las familias solo les llegó G. 75.000.000 en forma conjunta. Mientras que el esquema desvió G. 725 millones de G. 800 millones.

Al conocerse el escandaloso desvío, se supo que Acosta Armoa es funcionara nombrada en la Cámara de Diputados en el periodo de Pedro Alliana y que estaba cumpliendo funciones en la Municipalidad de R.I. 3 Corrales en calidad de comisionada.

Frente a las graves denuncias, el actual presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, cesó su comisionamiento, la puso a disposición de Recursos Humanos y ordenó la apertura de un sumario administrativo.

Los documentos por los cuales el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa retiraron y efectivizaron los cheques no estaban inscriptos en el Registro Público; por ende; no tenían validez jurídica.

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