La votación tiene lugar a las puertas de la Navidad, en medio de las compras navideñas y con muchos chilenos comenzando sus vacaciones estivales.
Pese a que el voto es obligatorio y los electores se arriesgan a ser multados si no sufragan, los expertos auguran una participación menor al 85,7 % registrado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los ciudadanos rechazaron de manera contundente la primer propuesta de carta magna.
“Iré a votar porque el bolsillo no soportaría una multa, pero esta Constitución no va a solucionar los problemas que tiene Chile”, dijo a EFE Pascual Castellano, un jubilado de la capital.
Unos metros más adelante, la universitaria Javiera Palacios reconoció a EFE que no se ha leído el texto y que decidirá “sobre la marcha” si acude o no a las urnas.
Un total de 3.237 locales de votación tanto en Chile como el extranjero abrirán sus puertas entre las 08:00 y las 18:00 hora local y se espera que el resultado esté un par de horas después del cierre de urnas.
El texto que se plebiscitará, de 17 capítulos y 216 artículos, no logró consenso político al interior del Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 consejeros elegidos el pasado mayo, donde la ultraderecha y la derecha tradicional contaron con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.
Las derechas defienden que la nueva propuesta constitucional es mejor que la actual carta magna porque “recoge” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.
El Estado social y democrático de derecho es la gran novedad con respecto a la Constitución actual, aunque la izquierda no ha quedado conforme con cómo ha quedado reflejada una de sus aspiraciones históricas y asegura que hay artículos que “vacían” el concepto y constitucionaliza el modelo neoliberal instalado en el régimen.
El texto incluye artículos que han generado gran polémica como la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
