El plan, que incluye el despliegue de más de 25.000 efectivos del polémico cuerpo de carabineros, la policía militarizada a la que se acusa de graves violaciones de los derechos humanos durante la represión de la protesta en 2019, fue coordinado este lunes en el palacio presidencial de La Moneda por la ministra de Interior, Carolina Tohá, y representantes de las fuerzas policiales.
A la salida del encuentro, el general de carabineros Enrique Monrás, jefe de Zona Metropolitana Oeste, destacó el respaldo que han recibido de parte del nuevo gobierno, que se enfrenta por primera vez a esta efeméride.
Existe “una sensación de tranquilidad, nuestro personal está preparado. Hay modificaciones de hace bastante tiempo en temas de control de orden público, así que estamos preparados. Esperamos que las manifestaciones del día de mañana sean totalmente pacíficas”, explicó.
“Hay muchas señales y ustedes las han visto, y el trabajo ha sido permanente con el subsecretario y el Ministerio del Interior, para ver temas de control de orden público y tenemos todo el apoyo”, insistió Monrás, cuyo cuerpo ha sido criticado por la dureza con la que ha contenido en las últimas semanas las diversas protestas, en especial de los estudiantes de secundaria.
TRANSPORTE PÚBLICO. Además del dispositivo del Ministerio de Interior, los distintos municipios o comunas que forman el área metropolitana de la capital han adoptado distintas medidas de seguridad, en especial en el transporte público, uno de los focos en los que detonó el “estallido social” del 2019, en el que murieron una treintena de personas y miles más resultaron heridas.
Algunas estaciones de metro, en particular las vecinas a la plaza Baquedano, epicentro de la protesta en el 2019 y del centro de la ciudad, permanecerán cerradas, al tiempo que se adelantará la llamada “hora punta” de regreso a casa, un tramo horario en el que el transporte público en Santiago de Chile es mucho más caro.
Distintos políticos del ala progresista han llamado a la población a manifestarse en forma pacífica, en aire de fiesta, para reivindicar así la vigencia del citado estallido, criticado y denostado por los partidos conservadores, y que supuso el inicio de un proceso constituyente ahora encallado tras el triunfo del no en el plebiscito obligatorio para cambiar la actual Constitución, escrita en 1980 por la dictadura y solo enmendada parcialmente en democracia. Es, asimismo, el primer aniversario bajo el gobierno del progresista Gabriel Boric, uno de los líderes de la protesta en el 2019, que ganó las elecciones presidenciales el pasado diciembre y asumió el mandato en marzo de este año.
Las revueltas, que empezaron como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivaron en un clamor por un modelo económico más justo y derechos sociales, ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos.
La crisis también dejó episodios de violencia extrema, con saqueos, incendios y señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional.