Además de investigar casos de prisión política y tortura, como ya hizo en 1990, la nueva Comisión ampliará su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política.
De este modo, recibirá durante seis meses las denuncias de los nuevos casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, del periodo que comprende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
También podrán presentar su testimonio quienes lo hicieron en las Comisiones de 1990 (Valech y Rettig) y no fueron calificados, siempre que entreguen nuevos antecedentes.
Los afectados tendrán de plazo hasta el 17 de agosto de 2010, fecha a partir de la cual la instancia tendrá otros seis meses para estudiar los casos, después de lo que elaborará una nómina con los nombres de las personas que hayan sido calificadas.
La comisión estará integrada por monseñor Segio Valech, María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Anumátegui, Luciano Louillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela.
Durante el proceso de calificación, la comisión será asesorada por abogados, asistentes sociales y psicólogos.
La semana pasada, la delegada presidencial de Derechos Humanos de Chile, María Luisa Sepúlveda, ya se refirió a la próxima apertura de la comisión en declaraciones a la edición digital del diario El Mercurio.
Así quiso tranquilizar las aprensiones de los grupos de Derechos Humanos respecto al futuro que tendrán las políticas de Gobierno en ese ámbito durante la administración del conservador Sebastián Piñera, que asume el próximo 11 de marzo.
“El curso de las iniciativas reparadoras no debería cambiar con el próximo Ejecutivo”, apuntó Sepúlveda, que aseguró que el país ha avanzado “enormemente” en este ámbito y que se dan “todas las condiciones para que no volvamos atrás”. EFE
