También es el caso del senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, quienes actualmente están intentando suspender la audiencia preliminar fijada para el 28 de febrero, vía una excepción de inconstitucionalidad que plantearon recientemente. Con el presente recurso se frena la audiencia prevista para fin de mes donde deberá decidirse si se eleva o no a juicio oral el caso. Un caso más en el que las chicanas colaboran con la impunidad.
El denominado clan Zacarías, sin embargo, era hasta muy poco tiempo prácticamente intocable.
Todas las investigaciones en su contra terminaban en la nada, por lo tanto ellos seguían reteniendo el poder político, en diferentes estamentos, como la Intendencia de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y el Congreso Nacional.
Pero a raíz de denuncias y protestas ciudadanas, en Ciudad del Este se logró un pedido de intervención a la gestión de Sandra McLeod, esposa del senador Javier Zacarías Irún, quien había sido intendente municipal en el año 2001. Zacarías había dado paso a su esposa, quien ocupó la intendencia desde 2007 hasta 2018, cuando fue destituida por serias irregularidades en su gestión que derivaron en investigaciones contra ella, su marido y otras personas, por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza.
Otro caso paradigmático, toda una lección de cómo se puede chicanear en la Justicia para conseguir trabar el proceso, nos lo da el diputado colorado Tomás Rivas, quien consiguió suspender –por segunda vez– su audiencia preliminar, en el caso de los supuestos caseros pagados con dinero del Estado, con el cambio repentino y sorpresivo de su abogado defensor; y obviamente el nuevo abogado pidió tiempo para preparar su defensa.
El diputado Rivas está acusado porque supuestamente tenía a sus tres caseros con salario de la Cámara de Diputados, figuraban como funcionarios a su cargo en el Congreso, pero en realidad trabajaban exclusivamente como empleados en propiedades de su familia. Rivas fue acusado por supuesta estafa y cobro indebido de honorarios.
La Corte Suprema de Justicia dispone de herramientas legales para sancionar a todos los involucrados en estos hechos de uso abusivo del derecho, con el mero fin de ralentizar los procesos. Al no hacerlo, se convierte en cómplice de este tratamiento privilegiado para los políticos y para quien dispone de recursos para evadir la Justicia. Al final resulta que la ley no es igual para todos.
La Justicia con mayúsculas está ausente para el común de los ciudadanos, como en aquella frase de monseñor Óscar Arnulfo Romero, (canonizado en 2018 en El Salvador): “La justicia, como las serpientes, solo pica a los descalzos”. Hasta ahora nuestra Justicia ha sido cómplice de la impunidad de la clase política. ¿Hasta cuándo?
