El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con 247 contratados en el servicio exterior, bajo el rubro 146, y con remuneraciones que van desde USD 438 a USD 2.500, según el país en que se encuentre el consulado, la embajada o la representación permanente del Paraguay.
Además, tiene 46 personas contratadas bajo el rubro 854 “Gastos de Operación y Mantenimiento”. Sumados, son 293 contratados que representan al Estado una erogación anual de USD 5.221.464,15.
Recién en junio del año pasado, el entonces canciller Eladio Loizaga dispuso la aplicación de un manual de rendición de cuentas para poner freno a la discrecionalidad con que se manejaba el rubro 854.
El canciller nacional Luis Castiglioni explicó recientemente ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional que el 73% del presupuesto corresponde a transferencias en dólares que se envían al servicio exterior.
El mayor número de contratados se registra en el Consulado de Buenos Aires (16), en el Consulado de Foz de Yguazú (14), en el Consulado de Clorinda (12) y en la Embajada en Argentina (11), según consta en un anexo de la Resolución N° 33 de enero de 2018, por la cual el canciller Loizaga autorizó la contratación de personal “para prestar servicios de representaciones diplomáticas y oficinas consulares del Paraguay en el exterior”. En la misma resolución se autorizó a los jefes de misión a firmar como representantes del Estado paraguayo los contratos de prestación de servicios.
Caso Portugal. En mayo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso el pago de casi 220.000 dólares a dos funcionarias contratadas en la Embajada de Portugal en concepto de compensación por seguro social, tras una demanda de las afectadas formulada ante la Justicia.
De ese modo evitó una demanda laboral y llegó a un acuerdo con las afectadas, una de ellas de nacionalidad portuguesa, por la situación irregular en la que incurrió la representación diplomática.
Se trataba de dos mujeres con antigüedad de entre 15 y 20 años que no contaban con la protección social.
Situaciones como estas podrían evitarse con funcionarios administrativos del propio Ministerio de Exteriores que se regirían por las leyes laborales del Paraguay, según argumentan en el sindicato, cuyas autoridades ya se entrevistaron varias veces con la viceministra de Administración y Asuntos Técnicos de la institución.
