Por Benjamín Fernández Bogado
flibre@highway.com.py
Una de las caras tristes y aplazadas de la democracia paraguaya es la referida a la seguridad personal.
No pasan semanas en que las noticias de policías envueltos en crímenes de distinta laya, jueces y fiscales prevaricadores, cárceles convertidas en centros de altos estudios de la delincuencia y una “celebración” de la muerte y el crimen en que caen los medios de comunicación cuando nos atosigan diariamente con el retrato más cruel de lo que significa “vivir” hoy en día en Paraguay.
Ni somos la república más violenta de América ni tampoco hacemos mucho para evitar caer en la estadística más negra en ese sentido.
Lo que sí lamentamos es la ausencia de una política de seguridad que demuestre que la vida es importante y que las instituciones del Estado establecidas para defenderla como valor trascendente e importante, están haciendo lo que deben.
Las fuerzas de seguridad han sido rebasadas o cooptadas por la delincuencia que hoy no tenemos programas nacionales establecidos en esa dirección que hayan tenido éxito. Ni los caminos son seguros ni la Policía Urbana ha sido capaz de reducir los casos de criminalidad en el centro asunceno.
Si no podemos contener unas cuantas manzanas bien iluminadas, imagínense lo que sería sobrevivir en algún remoto sitio del Paraguay como Yby Yaú donde la Policía definitivamente le teme a la legalidad y al orden y solo piensa en cómo lograr pasar un cargamento de 300 kilos de cocaína sin ser detenido.
Es grave el problema de la seguridad en el Paraguay y no se le presta la atención debida. No hemos escuchado hablar a los candidatos a presidente sobre cómo enfrentar uno de los grandes problemas del siglo XXI con eficacia y sin claudicar en el respeto al estado de derecho.
No hay ideas en ese sentido, nadie que nos diga que debemos seleccionar en mejor forma a nuestros futuros policías y militares dándoles recursos y apoyo para el cumplimiento de su tarea. Que tanto fiscales como jueces cuando se demanden su concurso estén a la altura de las investigaciones que se necesitan y no dejen caer casos donde claramente se demuestra incompetencia y cercana complicidad con los criminales.
Nadie nos ha hablado cómo reformar nuestras cárceles para hacer de ellas centros de recuperación de los condenados y no hemos escuchado alguno que se anime a decir que en el Paraguay todos somos considerados inocentes hasta que se compruebe nuestra culpabilidad.
La carga de la prueba se ha invertido en el país, y una persona honesta puede llegar a ser víctima de una celada bien puesta que lo convierte por efecto de sus resultados en alguien que pierde todos sus derechos y honras.
Debemos volver a celebrar la vida con límites, con normas que se cumplan, con previsibilidad de la justicia, con policías y militares del lado de la gente honesta pero siendo implacables con los delincuentes y que esa tarea los haga más confiados ante quienes pagan por ello.
Si no lo hacemos, los noticieros seguirán “celebrando la muerte” contándonos que todavía no nos ha llegado el turno y que por lo tanto la depresión que tenemos es poca ante la gravedad de los hechos que todos los días se cuentan como noticias cuando en realidad no debían pasar de ser informes estadísticos que permitan políticas anticriminales más eficaces y efectivas.
Mientras los heridos, accidentados y muertos sigan ocupando la atención mediática no nos debe asombrar que tantos tánatos hagan política como lo hacen en el Paraguay celebrando la muerte y ahuyentando la vida.