Viviana Kristicevic, directora de Cejil, ente que actuó como representante de las víctimas de Mapiripán, declaró hoy en conferencia de prensa que el caso es sólido y que solo conoce información de prensa acerca de aparentes falsas víctimas.
La Corte Interamericana realizará mañana una audiencia en su sede en Costa Rica para conocer información en poder del Gobierno colombiano acerca de la supuesta existencia de “falsas víctimas” de la masacre que fueron indemnizadas tras la condena dictada en 2005.
“Nadie duda de la existencia de la masacre de Mapiripán. Está ampliamente documentado con información sólida”, expresó Kristicevic, quien calificó como “información amañada” algunas publicaciones recientes en medios colombianos sobre el caso.
La abogada también dijo temer una “estrategia de deslegitimación” del Gobierno contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano.
Hace algunas semanas Mariela Contreras se retractó de las declaraciones que hizo ante la Justicia colombiana y ante la Corte Interamericana sobre la desaparición de su marido y dos de sus hijos durante la masacre llevada a cabo en 1997 por paramilitares en Mapiripán, localidad ubicada en los Llanos Orientales de Colombia.
El cambio de la declaración de la mujer generó un debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables y las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados que representan a los denunciantes.
Kristicevic dijo hoy que le “sorprende” y le “preocupa” que Contreras se haya retractado, por lo que lo ideal será esclarecer si en verdad es una víctima.
Otra cosa que ha generado preocupación a Cejil, dijo su directora, es que el Gobierno “tergiverse el récord de víctimas” del caso.
Según Cejil, un informe de este año de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Colombiana señala a 77 posibles víctimas de la masacre de Mapiripán.
En la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana se identificaron a 20 víctimas y los jueces ordenaron a las autoridades colombianas identificar otras 29, para un total de 49, basándose en buena parte, en información oficial, indicó Kristicevic.
De acuerdo con la colombiana Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, también representante de las víctimas en este caso, el Estado quiere “minimizar” la gravedad de la masacre.
“La canciller María Ángela Holguín y el ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) han minimizado la masacre y dicen que son solo seis víctimas. Es una actuación de mala fe que busca minimizar la responsabilidad del Estado”, expresó.
En la audiencia de mañana, que será privada, estará presente la canciller y el ministro de Justicia colombianos, así como los representantes de las víctimas.
