En el distrito de Itakyry, muchas comunidades indígenas de la parcialidad Avá Guaraní no tienen estabilidad por causa de la indefinición de los conflictos por tierras en el ámbito judicial. Mientras tanto, los escolares sufren las consecuencias del cierre de algunos de los locales escolares o la falta de una escuela en su comunidad.
En la comunidad Ka’a Poty, desalojada en junio, funcionaba una escuela reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero fue desmantelada y quemada durante la diligencia judicial, conforme a la denuncia de los afectados. Los niños acompañaron a sus padres hasta la Plaza de Armas, donde estuvieron acampando en espera de una decisión judicial a un juicio de reivindicación y nulidad de título iniciado por abogados del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) contra varios propietarios, entre ellos empresas multinacionales.
Otra comunidad también afectada, cuya institución escolar es reconocida por el MEC, es la de Ysatí, que fue desmantelada y trasladada a una comunidad de Corpus Christi, Canindeyú, a otra comunidad indígena. El líder negoció su traslado, pero parte de la comunidad no aceptó y volvió a ocupar las tierras hasta la fecha. Sin embargo, la escuela ya no se volvió a construir, atendiendo a lo señalado ayer por el supervisor de la Zona 1, Simón Oviedo.
En Ka’a Poty, donde funcionaba la escuela básica 8278, denominada 12 de Agosto en honor a la fecha en que ingresaron a la propiedad, se estableció inicialmente una escuela carpa, propiedad de la Unicef, que fue sacada en diciembre de 2020 para una reparación. Luego se construyó una de madera, que fue desmantelada durante el desalojo en junio, conforme al relato de Oviedo. “Lo único que puedo hacer es enviar informes al MEC. Me informaron ahora que consiguieron la orden judicial y van a volver al lugar. Pero con el problema de la tierra, yo no puedo hacer nada”, explicó. E. M.
