Sin incidentes, unas 400 viviendas de sintechos fueron desmantelados y sus ocupantes abandonaron el predio de lo que fue la casa de verano del ex dictador Alfredo Stroessner, para dar cumplimiento a una orden judicial de desalojo. De esa manera el asentamiento del terror volvió a posesión de la firma Suri Inmobiliaria, que reclama como suya la finca.
La propiedad está ubicada sobre la avenida Mariscal Francisco Solano López, a orillas del río Acaray, y había sido invadida en agosto del año 2019 por un grupo de sintecho liderado por Rafael Esquivel, alias mbururu, y a otro identificado como Willian González. Una mayoría de mujeres y niños recibió a la comitiva judicial policial.
Una de las ocupantes acusó a los dirigentes por cobrar semanalmente a los sintechos y acosar a las mujeres, aprovechándose de la necesidad de vivienda de sus víctimas.
OPERATIVO. En la mañana de ayer, un contingente de 500 agentes policiales, antimotines, agrupación montada y de orden y seguridad, rodeó el lugar para garantizar la seguridad para el cumplimiento de la orden judicial firmada por la magistrada Victoriana Cáceres, para restituir la propiedad a la inmobiliaria. Los ocupantes optaron por retirarse en forma pacífica.
El asentamiento había saltado al tapete tras el supuesto hallazgo de restos óseos, que derivó en la intervención de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia y la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
El inmueble en cuestión está individualizado como los lotes 29, 30, 31 y 32, Manzana B, de la Finca 897, propiedad de Sur Inmobiliaria, según la Dirección General de Registros Públicos, según datos del Ministerio Público.
TERROR. María Cardozo, una de las que ingresó a la propiedad al inicio de la ocupación, denunció que los dirigentes Esquivel y González convirtieron en terror el asentamiento, al aprovecharse de la necesidad de los pobres, para exigir dinero y acosar sexualmente a las mujeres.
La afectada señaló que debían pagar G. 100 mil por semana y que ella fue expulsada del asentamiento, porque luego de construir su precaria vivienda en la entrada le quisieron enviar más al fondo. La ocupante denunció que fue encañonada con arma de fuego por el dirigente González.
Los sintechos denunciaron a los dirigentes
En la mira. Los ocupantes denunciaron que los dirigentes cobraban semanalmente por el predio ocupado. María Cardozo, ocupante, sostuvo que en la noche del martes mbururu estuvo en la reunión que se realizó en el lugar, para anunciar que se iba a realizar el desalojo y pedir resistencia. El caso de acoso sexual y tentativa de homicidio es investigado por la Fiscalía, donde hace varios meses se presentó una denuncia formal. En tanto que tres agentes fiscales habían imputado por invasión de inmueble a Rafael Esquivel, alias mbururu, Ismael Barrios, Emiliano Elvio Mareco, David Villasanti, Néstor Servín y Alberto Díaz Martínez. Mbururu está procesado por tentativa de homicidio, por un caso en Ciudad del Este, por el que se encuentra guardando prisión domiciliaria.
