La autorización judicial para una prórroga de seis meses, solicitado por el Ministerio Público en un caso de lesión de confianza, en el que el senador Javier Zacarías Irún fue imputado como instigador, fue lo que motivó el escrache a la vivienda del camarista Isidro González. Los manifestantes arrojaron aceite negro y basura por su vivienda, además de acusarlo de corrupto y explotar petardos, en la noche del miércoles.
El magistrado responsabilizó ayer del hecho al intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y afirmó que individualizó a sus colaboradores, que están ejerciendo funciones en la Municipalidad, como parte del grupo manejado por dos personas que tienen medidas alternativas a la prisión, en proceso por delitos, reveló ayer.
El magistrado querellará por difamación y calumnia por lo manifestado hacia su persona y denunciará por coacción y perturbación de la paz pública a los escrachadores, por lo que hicieron por la residencia que ocupa, que es alquilada, según dijo.
La Sala Penal otorgó una prórroga de seis meses en una de las investigaciones contra la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, su marido y otros ex funcionarios y propietarios de empresas publicitarias vinculadas al caso conocido como Frontera Producciones.
El camarista explicó que la Sala Penal que integra hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público en la que señalaban que necesitaba más tiempo para atar todos los nexos.
González señaló que el grupo de patota está direccionada por gente que paga para que ellos se instalen frente al Poder Judicial o ataquen las viviendas de los magistrados. “Lamentablemente hay abogados que ejercen la violencia porque están identificados y amenazan a mis hijos, que tengo que cuidarme si firmo resoluciones amañadas. Qué resolución amañada hay acá, si el Tribunal de Apelación en su mayoría resolvió otorgar la prórroga para hacer la investigación que se tiene que hacer”, dijo al señalar que la abogada Yolanda Paredes lanzó dicha amenaza a través de la red social Facebook contra su familia.
pedido. El intendente municipal Miguel Prieto, por su parte, pidió a sus seguidores que dejen de realizar escraches a los jueces, ya que luego terminan acusándole a él como el responsable del hecho.
González sostuvo que la misma camioneta utilizada por Prieto como tarima para realizar un discurso en frente a la Terminal de Ómnibus con altoparlantes, fue la que se utilizó para acarrear a la gente que fue a atacar su vivienda. También participó del escrache su colega Nélida Alvarenga, según su versión.
“Supimos que ganan G. 150 mil por día para estar patoteando y no permitir que se lleve adelante el trabajo como debe ser. ¿De dónde sacan la plata, de las arcas de la población o de donde está saliendo? Alguien tiene que estar financiando”, se quejó.
Les escrachadores pretenden establecer un poder exógeno y paralelo al Poder Judicial, desconociendo el estado de derecho, además de pretender erigirse en justicieros, atropellando el ordenamiento jurídico nacional, señala en un comunicado.