La Asociación de Usuario y Consumidores (Asuco), regional Alto Paraná, amparada en la Ley 5281/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, solicitó informes sobre la recaudación obtenida por el Municipio de Ciudad del Este, en concepto de impuesto al boleto.
La organización habla de gran nivel de evasión y que también debe ser investigado por parte del equipo de intervención, que actualmente se encuentra administrando la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Dialogamos con Cinthia Borja, del equipo técnico de la intervención y por la ley de acceso a la información pública le solicitamos nos pueda proveer los documentos de los últimos 5 años sobre el pago de impuesto al boleto por parte de las diferentes empresas que realizan el servicio de transporte público urbano en el Municipio de Ciudad el Este”, explicó el abogado Miguel Ángel López, de la Asuco.
El profesional señaló que es común subir en los buses urbanos y que no te expidan ningún comprobante. “No te dan ninguna boleta, eso significa evasión al fisco y la ley penal considera este tipo de hecho como lesión de confianza, porque aquí se tenía que recaudar y acá no ocurre eso. Por eso hace 6 meses hemos hecho una denuncia formal en la fiscalía de Ciudad del Este”, añade.
Menciona que la denuncia cayó en la unidad fiscal de la abogada Cintia Leiva. “Ella no investiga, no impulsa la investigación. En estos seis meses hemos pedido en 10 oportunidades que allane la Municipalidad, que rescate los documentos relacionados con nuestra denuncia e imputarle a Sandra McLeod (intendente suspendida) y nunca lo hizo”.
autoridades preocupadas. López acusó al clan Zacarías de utilizar a los transportistas, tanto para campaña política como para las fiestas del 3 de febrero, para realizar el servicio de traslado de personas sin costos, sacando provecho político, presentándose como las autoridades “preocupada por la feligresía católica”, pero que esos favores luego se “pagan” con la evasión del impuesto al boleto.
“Ellos siempre obligaron a poner colectivo gratis en todos los barrios, para traer a los moradores en la explanada de la Catedral de Ciudad del Este, para demostrar que son grandes políticos y que tienen mucha convocatoria y se da un arreglo político por lo que no hay ningún control para los empresarios en cuanto a pago de impuesto”.
López insistió que el transporte público, además de ser un negocio empresarial, es un servicio social para la ciudadanía. “Nadie les obliga a ellos a explotar este negocio, para no ponerse en condiciones de acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal, si no les gusta tienen que renunciar y dedicarse a otra cosa”.
El representante de Asuco dijo que comprende que el tema de la evasión del impuesto al boleto no figura dentro de los 15 puntos que motivaron la intervención del Municipio, pide que el caso sea investigado.
“Nosotros habíamos solicitado a la Junta que se incluya este punto, en el pedido de intervención, pero no sé por qué no lo hicieron. Pero como es un delito de acción penal pública, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia, en este caso la interventora (Carolina Llanes) está obligada a hacer la denuncia en la fiscalía”.