28 mar. 2024

“Categórico: El abuso de la prisión preventiva es terrible en el Paraguay”

La alta autoridad judicial apunta a un proyecto que va a evitar el hacinamiento y que reincidentes vuelvan a las penitenciarías. Además va a insistir en la implementación de las pulseras electrónicas.

Reforma. Éber Ovelar apuesta a formar, tanto a los presos como a los agentes carcelarios.

Reforma. Éber Ovelar apuesta a formar, tanto a los presos como a los agentes carcelarios.

El ministro de Justicia, Éber Ovelar, reconoció que el abuso de la prisión preventiva es alarmante; planteó la creación de un Instituto de Ciencias Penitenciarias para combatir la corrupción penitenciaria y consideró que los agentes penitenciarios deben recibir mayor remuneración por exposición al peligro.

–¿Cómo va a revertir la problemática de la corrupción penitenciaria?

–Tenemos un conflicto instalado en el sistema penitenciario. Lo que estamos haciendo es superar las problemáticas a través de las distintas acciones institucionales, lo cual es sumamente dificultoso por la carencia de recursos, por el nivel que ha alcanzado. Salir del hoyo es difícil para implementar distintos frentes de acción.

–¿Cuáles serían esas acciones?

–Lo primero es solucionar el hacinamiento. Hoy hay 15.250 presos entre procesados y condenados. En primer lugar, tomaremos decisiones, no diría radicales, pero sí revolucionarias. Di el anticipo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque era el momento indicado de marcar la hoja de ruta que seguiría este Ministerio para presentar un cambio.

–¿De qué trata el proyecto?

–Toda persona privada de libertad, toda persona condenada, en primer lugar pueda completar un oficio, según la malla curricular del SNPP o Sinafocal, con carga horaria de 200 o 300 horas-cátedra y puedan alcanzar un oficio, electricista, reparación de aire condicionado, reparación de aparatos celulares, debidamente certificados por las instituciones mencionadas. Van a tener la redención de tres meses enteros de su pena por cada oficio que aprenda.

–¿También apunta a reclusos que terminen el nivel primario, secundario y universitario?

–Así es. El que termine el ciclo primario y secundario tendrá un año entero. En cuanto al que termine una carrera universitaria, dos años de reducción de su condena. Esto, para que cuando el recluso egrese del sistema penitenciario tenga una herramienta valiosa que es su propio conocimiento. Qué ocurre hoy. Sale de la cárcel sin haber recibido ninguna capacitación, entonces el penado se dedica a lo que conoce, que es delinquir; por eso se habla de la universidad de la delincuencia.

–Es decir, ¿el Código de Ejecución no funciona?

–El Código de Ejecución Penal establece un sistema de redenciones absolutamente inoficioso, que no es atractivo para ningún recluso. El único sistema se define en tres días de trabajo o tres días de estudio para descontar un día de condena, pero otra vez una semana del mes se puede utilizar para hacer ese descuento que al final no va a alcanzar ni a cinco días posiblemente por mes. Es un sistema fallido. En cuanto el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que los fines de las penas son la protección de la sociedad y la readaptación del condenado a la vida sin delinquir. Este último es prácticamente un capítulo olvidado históricamente por el Estado. No tienen ningún incentivo para que se formen o se capaciten, si no es por su propia convicción, por lo menos que opte por capacitarse por conveniencia.

–¿La modificación del uso de la prisión preventiva solucionará al hacinamiento?

–Es una materia obligada que se debía abordar, pero categóricamente el abuso de la prisión preventiva es terrible en el Paraguay. Hoy tenemos que reformular los criterios para establecer los peligros de fuga y la obstrucción de la investigación, que son los presupuestos que determinan la denegación de una medida alternativa o sustitutiva. Uno de los elementos que en la mayoría de los países tiene una fuerza predominante es la carencia de antecedentes penales del imputado, en nuestro país no le damos la importancia que debe tener el reporte de antecedentes.

–¿Por qué no se da esa importancia?

–Una persona que por primera vez entra en conflicto con la ley debe ser tratada con un criterio totalmente distinto al reincidente. Sin embargo, hoy en día se los envía a la cárcel. Es por ello que somos el segundo país, detrás de Haití, con el 75% de personas procesadas sin condena y que se encuentran privadas de su libertad, una cifra inconcebible. Esto pasa por la mala utilización de figuras procesales, hoy tenemos procesos que van hasta el juicio oral y público y se esperan años, sin necesidad de mayor despliegue probatorio. Por ejemplo, los casos de robo agravado de los llamados motoasaltantes, caballos locos. Estos casos se pueden definir con tres diligencias; no obstante, tenemos que atravesar todo ese itinerario de la etapa preparatoria, intermedia y finalmente el juicio oral por un caso de flagrancia.

–¿Y la implementación de las pulseras electrónicas?

–Después de terminar el proyecto y convertido en ley, fue una frustración que no se haya implementado. La ley original permitía un periodo de plan piloto, que nunca se realizó, y el principal problema fue justamente que nadie se haya ocupado de implementar los pilotos, para que conozcamos materialmente cómo debía funcionar. Ya han pasado casi cinco años y todavía no se ha implementado las pulseras electrónicas.

–¿Y cuál sería el paso?

–Podemos hacer reglamentación interna, firmar un convenio con el Ministerio del Interior, incluso realizar una mesa de trabajo con el Poder Judicial e Interior para llevar adelante la implementación de las pulseras electrónicas o un protocolo de buenas prácticas. Interior ya tiene adquisición de una cantidad de pulseras. Se puede arrancar con los casos de violencia familiar, exclusión de hogar.


ENTREVISTA AL MINISTRO DE JUSTICIA, ÉBER OVELAR

No tienen ningún incentivo para que se capaciten; si no es por su propia convicción, por lo menos que opte por capacitarse por conveniencia.

Una persona que por primera vez entra en conflicto con la ley debe ser tratada con un criterio totalmente distinto al reincidente.

“Los agentes deben recibir mayor remuneración”
–En cuanto a los guardiacárceles, ¿cómo van a evitar que se corrupción?
–Estamos apostando a reflotar el Instituto de Formación Penitenciaria y y yo quiero hablar de un Instituto de Ciencias Penitenciarias apuntando a una tecnicatura para el fortalecimiento de nuestros recursos humanos para que el agente penitenciario tenga una malla curricular para que llegue a ciertos niveles incluso de ascensos y asignaciones salariales. Además, los agentes penitenciarios deben recibir mayor remuneración en concepto de exposición al peligro, porque es un hecho notorio. En administraciones anteriores ya se lanzó ese Instituto, pero luego se dejó sin efecto, ahora vamos a reformular. No vamos a dejar los hechos de corrupción en simple sumarios, sino presentamos denuncias penales ante el Ministerio Público para que inicien las investigaciones.
–¿Y las celdas vip?
–Tomamos medidas institucionales que llamamos a concurso dos direcciones importantes de penitenciarias con altísimo nivel de alojamiento de reclusos. Se trata de Emboscada y San Pedro, pese a que la designación es facultad del ministro de Justicia, sin embargo yo decidí renunciar a mi prerrogativa de designar un cargo de confianza por resolución interna y decidí llamar a concurso. Con esto la idea es enviar un mensaje claro que los directores penitenciarios no van a obedecer a cupos políticos, sino a cupos de estricta necesidad institucional.


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