Reuters
La crisis institucional en la cuarta mayor economía de la zona euro, que provocó también una fractura en la sociedad catalana, estalló tras el referéndum no autorizado del 1 de octubre, agitando los mercados y provocando un éxodo de sedes de empresas de la región a otros puntos de España.
Hay gran expectación sobre lo que pueda decir Puigdemont en su discurso, que se espera a partir de las 18:00 hora local.
También hay incógnitas como cuál será la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy a los anuncios. Se especula sobre una posible suspensión de la autonomía o incluso la detención del líder catalán.
Madrid no quiso desvelar sus planes y se limita a reiterar que tiene todo preparado para tomar “todas las medidas necesarias”, asegurando que una declaración de independencia no tendría ningún efecto.
Puigdemont dijo en una entrevista emitida el domingo en la televisión de Cataluña que una ley aprobada por el parlamento regional en preparación del camino para el referendo preveía una declaración de la independencia en caso de una votación por el “sí”. “Aplicaremos lo que dice la ley”.
Sin embargo, el cuestionamiento sobre la validez de una consulta celebrada sin suficientes garantías, la creciente sensación de vértigo y las presiones sociales, políticas y sobre todo económicas para que no dé un paso de consecuencias desconocidas ha puesto en cuestión la estrategia del Govern.
Las presiones no proceden sólo desde los defensores de la unidad. Desde el frente secesionista tanto la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como la Candidatura de Unidad (CUP) exigen una inequívoca declaración unilateral de independencia y dicen que ya no hay marcha atrás posible.
