07 feb. 2025

Castillo y familiares enfrentan maratón de audiencias judiciales

El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su familia enfrentan una maratón de audiencias judiciales, acusados por la Fiscalía de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el Palacio de Gobierno.

La primera en sentarse en el banquillo fue la cuñada del mandatario izquierdista, Yenifer Paredes, de 26 años, quien está en prisión preliminar desde el 10 de agosto, un día después de que el Palacio de Gobierno en Lima fuera allanado por fiscales y policías, algo inédito en el país, con el fin de arrestarla.

Castillo afirmó que este allanamiento fue “ilegal” y ahora busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien lo dirigió, por considerar que “vulneró" la inmunidad presidencial.

La cuñada del mandatario compareció este viernes ante el juez Johnny Gómez Balboa, quien resolverá si la envía o no a prisión preventiva por 36 meses.

Ella formaba parte de una “organización criminal liderada por el señor presidente de la República”, sostuvo el fiscal Jorge García Juárez al fundamentar el martes el pedido de prisión preventiva.

Yenifer, quien considera a la pareja presidencial como sus “padres”, “es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora”, agregó.

En esta audiencia compareció también José Nenil Medina, alcalde de Anguía, pueblo de la región norteña de Cajamarca del que es oriunda la familia de Castillo.

La cuñada y el alcalde supuestamente estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento, según la fiscalía.

En tanto, el lunes 5 de septiembre Castillo debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez. Ambos son maestros rurales.

Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

El martes afirmó que su esposa y su cuñada “van a demostrar que no han robado un centavo al Perú".

Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.

La primera dama, de 49 años, acudió el 13 de julio a una citación del Congreso, pero se abstuvo de responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.

Castillo fue citado a la Fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.

También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.