Política

“Casos de tierras malhabidas no deberían de prescribir”

Además de otros argumentos jurídicos, el investigador Abel Areco sostiene que las adjudicaciones ilegales de tierras durante el stronismo deben ser anuladas por violar DDHH de los campesinos.

Luego de varios trabajos de investigación y seguimiento al tema, Abel Areco detalla cómo el Estado paraguayo fue perdiendo interés en recuperar las tierras malhabidas de la dictadura stronista por los casos desfavorables en la Justicia, y cómo podría encararse el tema si hay voluntad política, sosteniendo que por ser delitos cometidos en el marco de violaciones a derechos humanos de las familias campesinas no deberían prescribir.

“Podemos decir que desde el inicio de la transición después de la caída de la dictadura no hubo una voluntad firme para la recuperación de las tierras malhabidas. Un paso importante fue la conformación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) y su investigación fue significativa e importante, pero después no tuvo respaldo, hasta ahora”, señaló.

Detalló que los primeros juicios de nulidad impulsados por la Procuraduría datan de la época de Nicanor Duarte Frutos, y que el grueso de las acciones se dio durante el gobierno de Fernando Lugo, pero luego decayó con los posteriores gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y el actual de Mario Abdo Benítez, hijo del ex secretario de Alfredo Stroessner y también beneficiario de tierras.

Manifestó que los fallos contra el Estado en los juicios de nulidad, por la supuesta falta de legitimación activa de la Procuraduría, la prescripción de las causas, y la buena fe de los ocupantes, desalentaron las acciones por el alto costo que implica perder estos juicios.

“Prácticamente se renunció a seguir insistiendo en la recuperación de las tierras malhabidas, entonces nunca se creó un mecanismo para que haya una vía de reclamación clara y donde realmente se pueda analizar y debatir sobre las pruebas existentes la legalidad de las adjudicaciones, que hasta ahora no se discutió, ya que los juicios cortaron de entrada la legitimidad del Estado en reclamar”, dijo.

SIRT. Areco también habló de otros procesos de recuperación de tierras dados a través de las acciones del Indert que atacó las ventas de derecheras a brasiguayos y otros no sujetos de la reforma agraria, como el caso del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), creado en el 2014 como ente tercerizado pero luego convertido en gerencia.

“Desde ahí se iba a plantear la regularización y un diagnóstico de la situación de las tierras fiscales del Estado, pero ahora está demostrado que tampoco sirvió esa instancia para la recuperación de las tierras malhabidas, y puede decirse que fue un fracaso, a pesar de los supuestos logros que expusieron de la recuperación de las colonias donde se vendieron derecheras”, dijo.

Manifestó que el SIRT se había propuesto regularizar todas las colonias antes que Cartes termine su mandato, pero que hasta ahora no se ha logrado más que un relevamiento de datos.

“Y el discurso de la titulación masiva también es algo que se va a caer pronto, porque no se pueden titular tierras cuando las tierras tienen problema judiciales, y el Poder Judicial es el único que puede resolver... y los juicios civiles son largos y con muchas artimañas, por tanto la vía de recuperar es compleja”, manifestó el investigador sobre la situación actual.

acuerdo político. Respecto a la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de recuperación, Areco manifestó que sería importante y clave un acuerdo político y posiblemente alguna ley especial que facilite los procesos.

“Ya hay un trabajo realizado, que es el de la CVJ, y con un acuerdo político se podría avanzar más rápidamente, y creo que se debería considerar el tema de la prescripción, ya que no debería ser aplicable a estos casos por el hecho de que se realizaron en el marco de violaciones a los derechos humanos, que son imprescriptibles”, detalló.

Manifestó que si se hubieran dado con éxito los procesos de recuperación de tierras malhabidas, se hubiesen evitado un montón de conflictos, como el de Curuguaty, que terminó en una masacre.

“Incluso se debería analizar la legitimidad de los actuales sujetos de la reforma agraria para reclamar la anulación de esos actos ilegales, para que los propios campesinos puedan plantear la nulidad de esos actos jurídicos porque al final ellos son los perjudicados, porque las tierras que tenían que ser para ellos hoy están en manos de empresarios, de políticos, de militares”, indicó.

Cuestionó que tanto jueces como fiscales accionan contra los campesinos sin consultar la titularidad de la tierra.

6.744.005 hectáreas de tierras malhabidas fueron adjudicadas por el IRA y por el IBR entre los años 1954 y 1989.

989.589 hectáreas de tierras malhabidas fueron las adjudicadas en total por el IBR entre los años 1989 y 2003.

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