Una decena de expedientes emblemáticos de corrupción pública llevan años de demora judicial sin sentencia firme, según señala la abogada María Esther Roa, quien destaca que estos casos reflejan cómo las causas más graves quedan atrapadas en recursos, dilaciones y privilegios procesales, sin respuestas definitivas para la ciudadanía.
“Estos expedientes muestran un patrón estructural de impunidad: Condenas firmes que no se ejecutan, recursos eternos, excesiva mora judicial y privilegios políticos que bloquean el avance judicial”, expresa la activista.
Entre los casos se puede citar el de Óscar Venancio Núñez, por lesión de confianza. El gobernador de Presidente Hayes es hermano del senador Basilio Bachi Núñez y fue imputado el 10 de marzo de 2014, pero sigue pendiente de resolución del recurso de apelación especial contra la sentencia condenatoria.
La condena que recibió fue de 11 años de prisión (no firme) por el daño patrimonial de G. 42.500 millones a la Gobernación de Presidente Hayes, pero tras apelar, frenó la ejecución de la pena.
“La corrupción no solo roba dinero público, también roba tiempo, justicia y confianza ciudadana. El seguimiento, control e impulso de los expedientes emblemáticos de corrupción pública no han sido resultado de una política institucional sostenida del sistema de Justicia, sino del trabajo persistente de la sociedad civil organizada, encabezado por la Coordinadora de Abogados del Paraguay hace más de una década y el movimiento ciudadano Somos Anticorrupción Paraguay”, aseveró Roa.
Otro caso pendiente es el de Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito. El ex presidente del Indert fue imputado el 23 de noviembre de 2018. Fue condenado a 7 años de prisión, pero la sentencia no está firme porque está pendiente el recurso extraordinario de casación.
Otros favorecidos son el ex fiscal general Francisco Díaz Verón, ex concejal Óscar Rubén González Cháves, el diputado Esteban Samaniego, Miguel Cuevas, Hilario Adorno, Tomás Rivas, Raúl Fernández Lippmann, Efraín Alegre, entre otros.
