La única causa que hasta ahora llegó a condena es el segundo proceso contra los directivos de la firma Imedic, conocida como compras de las camas hospitalarias o insumos chinos, donde un Tribunal de Sentencia dictó condena de tres años de cárcel por contrabando contra Justo Ferreira, y absolvió a cuatro personas.
Se comprobó que hubo irregularidades en las marcas de mascarillas y camas hospitalarias que la empresa proveyó a Salud. Esta sentencia, sin embargo, todavía no quedó firme, ya que la Fiscalía apeló la absolución y la defensa, la condena. La otra causa, por medicamentos oncológicos está en juicio oral.
En la misma instancia está la causa conocida como “agua tónica”, cuyo juicio acaba de iniciarse. Por este caso están acusados la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, por supuestamente conformar una estructura para figurar la compra de insumos como agua tónica, mascarillas N95, sin que estos hayan ingresado a la institución.
Se habla de un perjuicio de más de G. 340 millones. Un testigo confirmó en juicio que prestó facturas para respaldar supuestas compras que no se hicieron.
A JUICIO. Por otro lado, la primera causa por la cual está acusado el ex gobernador de Central, Hugo Javier González y otros, ya se elevó a juicio oral, por un presunto desvío de G. 5.105 millones que se debían destinar a obras durante la emergencia sanitaria. En la segunda causa, se habla de cuatro transferencias de dinero que debían destinarse para remedios en pandemia, pero supuestamente no ocurrió. El caso está para preliminar, la cual está fijada para el 6, 7 y 8 de mayo. De los G. 18.300 millones de perjuicio que cita la acusación, G. 4.025 millones eran para medicamentos.
El caso conocido como “tapabocas de oro”, donde Édgar Melgarejo, ex titular de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), está acusado, también está para inicio de su juicio. Hay una apelación pendiente.
EN INVESTIGACIÓN. También hay dos causas que involucran al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta corrupción en pandemia. En la primera, se le imputó por lesión de confianza en la provisión de alimentos, dejando un supuesto daño de más de G. 1.769 millones.
La segunda, y reciente, imputación dice que en el 2020 Prieto habría incurrido en lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal con un perjuicio de G. 306 millones a la Municipalidad, al pagar por mercaderías inexistentes.
