Política

Caso de Rivas es calcado al delito que obligó a Ibáñez a renunciar

José María Ibáñez también había sido blanqueado por sus pares el año pasado, pero generó tanta indignación en la gente que una protesta masiva lo obligó a dimitir. Rivas sigue ocupando su banca.

El seis de agosto de 2018, el entonces diputado colorado José María Ibáñez se veía forzado a renunciar luego de que fuera salvado por sus colegas de perder su investidura por tráfico de influencias.

Su dimisión se dio gracias a la masiva movilización ciudadana, que indignada salió a las calles a reprochar a los legisladores, lo que obligó a Ibáñez a dejar su banca.

El escándalo del caso conocido como caseros de oro saltó en el año 2013, cuando publicaciones periodísticas evidenciaron que Ibáñez logró la contratación de tres de sus caseros, quienes cobraban como funcionarios, pero sin embargo se desempeñaban como empleados de la quinta del ex legislador en Areguá.

Ibáñez gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes firmaron el 12 de agosto de 2013 contratos con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno como auxiliares administrativos en la Cámara.

COPIADO. Aunque desde un principio intentó desmarcarse del caso de su correligionario, el caso del diputado cartista Tomás Éver Rivas es calcado al de Ibáñez, situación por la que no permitió que por un año se trate su desafuero y la investigación en su contra no pueda proseguir.

El dirigente de Paraguarí está imputado por la Fiscalía por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Rivas, siguiendo los pasos de Ibáñez, consiguió que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González fueran contratados en la Cámara de Diputados. Uno fungía supuestamente de secretario privado y los otros dos cumplían las funciones de chofer. Pero de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, que entre otras cuestiones realizó el peritaje a los celulares, los citados funcionarios no se encontraban en la sede parlamentaria en los horarios en que supuestamente debían estar.

El equipo de investigación de ÚH pudo recopilar en fotografías los momentos en que los citados funcionarios se encontraban en inmuebles particulares del legislador, realizando labores como lavar vehículos.

Tal como su correligionario Ibáñez, Rivas se declara inocente y sostiene que se trata de una persecución política, pero hace hasta lo imposible por dilatar el proceso en su contra. Al igual que Ibáñez, Rivas fue salvado de perder su investidura por tráfico de influencia, una de las causales señaladas en el artículo 201 de la Constitución Nacional para la expulsión de un parlamentario.

El miércoles pasado, Rivas, Ulises Quintana y Carlos Portillo fueron salvados por sus colegas de ser expulsados.


Los diputados caseros de oro

Procesado. El cartista Tomás Éver Rivas consiguió que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González fueran contratados en la Cámara de Diputados. Uno fungía supuestamente de secretario privado y los otros dos cumplían las funciones de chofer. Sin embargo, de acuerdo con una investigación del diario Última Hora, luego confirmada por la del Ministerio Público, los mismos no asistían a la sede parlamentaria, ya que el trabajo que realizaban para el legislador nada tenía que ver con la tarea parlamentaria. El proceso judicial contra Rivas continúa.

Renunció. Ibáñez gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes firmaron el 12 de agosto de 2013 contratos con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno como auxiliares administrativos en la Cámara Baja. Los mismos cobraban como funcionarios, pero, sin embargo, se desempeñaban como caseros de la quinta del ex legislador en Areguá.El caso se dio a conocer gracias a publicaciones periodísticas. Ibáñez también fue salvado por sus colegas, pero finalmente renunció a su banca presionado por la movilización ciudadana.



Comisión escrache alerta sobre levantamiento popular contra corrupción
Los Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), que desde hace más de un año vienen realizando manifestaciones y movilizaciones permanentes contra los corruptos, en algunos casos con resultados exitosos, como en el de los senadores destituidos o que renunciaron, lanzaron una advertencia al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre la posibilidad de un levantamiento popular, que le puede costar el cargo al jefe de Estado.
En ese sentido, Esther Roa, líder de la agrupación ciudadana, indicó que Mario Abdo no se desmarca de la corrupción, ya que podía bajar líneas a los legisladores de su equipo, que terminaron salvando y blanqueando a tres diputados acusados por corrupción en distintos procesos.
La misma indicó que de seguir con el mismo rumbo, el Gobierno de Marito podría aguantar un año más y no llegar a término el mandato.
“Midiendo la temperatura de la gente, solo falta el detonante para que aunque sea un día o una hora, nos encontremos en las calles y allí deberán rendir cuentas no solamente él (Marito), sino los tres poderes del Estado, es decir, el Congreso y el Judicial también”, dijo.
Roa indicó que los escraches ya no funcionan como fue en un principio con los acusados de corrupción y que por ello se necesita una movilización masiva de la gente.
Sostuvo que unas 100.000 personas en la calle harán que muchos que se creen intocables se vean con la justicia.

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