El mismo había sido destituido vía juicio político en 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Decidió accionar y su caso llegó hasta la Corte-IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), y se sigue aguardando la sentencia.
La reunión de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara Alta se levantó abruptamente, y el propio titular del Congreso, Blas Llano, estuvo a las corridas.
Escoltado por el abdista Enrique Bacchetta, el liberal inició una maratón desde Diputados, donde conversó con Pedro Alliana. Luego, fue hasta el Palacio de López junto a Mario Abdo Benítez, y finalmente llegó hasta el Poder Judicial exigiendo una aclaratoria. En conferencia de prensa, Llano habló de la confusión y la ambigüedad de la notificación y advirtió de un caos.
En ese ínterin, se escucharon varios cuestionamientos por parte de los parlamentarios de distintos partidos.
El diputado de Patria Querida Sebastián Villarejo incluso habló de la posibilidad de juicio político al ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, cuya firma aparecía en la supuesta resolución que beneficiaba a Ríos Ávalos.
El senador de su mismo partido Stephan Rasmussen calificó el hecho como una intromisión de un poder del Estado en otro. Hugo Richer, del Frente Guasu, habló de una dictadura judicial, y que con el mismo criterio de la Corte se podría “llegar al absurdo de sentenciar la reposición de Fernando Lugo como presidente de la República”.
Desirée Masi consideró la notificación como un desafío al Senado, y le llamó la atención el “supuesto error”.
Finalmente, llegó el desenlace y la culpa recayó en un ujier identificado como Gustavo Saucedo, a quien se le instruyó un sumario.
Descargo. Llano hizo referencia a los antecedentes del caso, recordando que en diciembre de 2009, un grupo de camaristas había ordenado la reposición de Ríos Ávalos.
Acotó que específicamente el 2 de enero de 2010, el Congreso rechazó la citada resolución, y luego el pleno de la Corte dispuso que la sentencia carecía de validez.
“Nos llamó la atención la notificación donde Manuel Ramírez firma y nos hacen llegar la aclaratoria, que confunde. Nos lleva a la presunción de que quieren revivir el caso”, cuestionó Llano.
Mencionó la preocupación también por parte de los diputados en torno a la independencia de los poderes.
Bacchetta señaló que se está elaborando la defensa ante la CIDH en el caso de Ríos Ávalos, y que una cuestión así podría ser perjudicial, y hasta podría generar una crisis.
“Se podría generar una crisis de poderes porque se invaden atribuciones del Congreso”, manifestó el abdista.
Refirió que Abdo también coincidió con la inquietud de los senadores en el tema. Otro temor que surgió es que con esta sentencia se deje sin efecto el llamado del Consejo de la Magistratura cuando haya alguna vacancia, para que pueda ingresar Ríos Ávalos.
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