La Gobernación de Central recibió G. 6.382 millones, equivalentes a 1 millón de dólares, provenientes del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones, unos 800.000 dólares, fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras viales, así como también para el mejoramiento de espacios públicos. La situación se hizo conocida después de la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid, y la indagación de los datos por parte de dos concejales departamentales liberales.
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y aparentemente obras fantasmas. La Contraloría General es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras. Por su parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción presentaron una denuncia ante la Fiscalía tras detectarse estas irregularidades en la rendición de cuentas.
De acuerdo con la Ley de Emergencia Sanitaria, de los 514 millones de dólares de los fondos de Salud, habían sido redireccionados un total 17 millones a las gobernaciones, es decir, 1 millón de dólares a cada gobernador. Esos fondos debían destinarse a asistir a la población, precisamente en una de las horas más difíciles que hemos vivimos.
Por eso precisamente es inaceptable que no solo algunos de los gobernadores se hayan demorado tanto tiempo en rendir cuentas sobre el uso del dinero.
Según datos del propio Gobierno, los ejes de mayor ejecución de los recursos de emergencia fueron los de funcionamiento del Estado, que incluye pago de salarios, jubilaciones y pensiones; subsidio a los servicios básicos, que contemplan exoneraciones de ANDE y Essap; y protección social, donde entran el Pytyvõ, subsidio a trabajadores formales vía IPS y el Ñangareko.
La Ley de Emergencia, que tuvo resultados positivos en los subsidios entregados a familias vulnerables durante la crisis, fracasó sin embargo en sus objetivos principales: Salud y pobreza.
Pero el futuro no se ve muy prometedor para el gobernador de Central, ya que la semana pasada, concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico de Central habían presentado una nueva denuncia en su contra, por un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría desaparecido sin documentación. Esta ya sería una segunda denuncia presentada contra el político cartista.
La transparencia en el uso de los recursos públicos es una obligación, además de una responsabilidad ética, para todas las autoridades. Y esto es particularmente importante en este tiempo de pandemia que estamos tratando de superar, cuando miles de familias sufren por la falta de una mejor atención gubernamental para hacer frente a la crisis
Todas las autoridades deben explicar en qué invierten cada guaraní que se les ha concedido en esta emergencia. Si hubo mala utilización de los recursos públicos, sobre todo en un momento tan dramático para la ciudadanía, los responsables deben asumir las consecuencias y ser sometidos a la Justicia.
