Además dispuso que se remitan las copias del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Hace dos meses el juez Gustavo Amarilla interina el despacho de su colega Ayala Brun, debido a que este justamente fue suspendido por beneficiar al barón de la droga –como le llaman en el Brasil– con una resolución para evitar que el interno sea trasladado del Penal de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El magistrado comentó que una vez que el Juzgado Penal de Garantías N°10 estuvo a su cargo pidió a la actuaria Lina Casco los expedientes de Pavão.
Una vez que recibió dicha causa se percató de que había un pedido de cooperación del vecino país que nunca fue tramitado.
“Hace aproximadamente un año que estaba guardado; se trataba de un pedido del Juzgado del Brasil que pedía que Pavão sea notificado sobre una acusación por supuesto narcotráfico”, manifestó el juez Amarilla.
Indicó que la fiscala Zully Figueredo pidió ocho urgimientos para que este caso sea destrabado.
Además explicó que inmediatamente pidió a la actuaria que notifique al condenado, como así también a la fiscala antidrogas y luego envió los antecedentes al Consejo de la Superintendencia de la Corte.
Los demás casos. El 6 de diciembre pasado la Máxima Instancia Judicial ordenó que se audite el juzgado a cargo de la magistrada Patricia González. Esto debido a que durante un año y medio estuvieron ocultos siete exhortos, entre los que estaba un pedido de cooperación de la Justicia brasileña.
Específicamente el juez federal del 5° Juzgado Federal de la Subsección Judicial de Novo Hamburgo, Sección Judicial del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Gomes Philippsen, solicitó el pedido de embargo de todos los bienes del presunto narcotraficante.
Según el director general de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, el ex actuario Milton García recibió el pedido del vecino país.