EFE
Agüero, citado este viernes a declarar como testigo en la sesión del juicio que juzga a once campesinos por la muerte de seis policías durante la masacre, aseguró que el helicóptero utilizado tiene unas dimensiones reducidas, por lo que no es aconsejable portar armas, y ninguno de sus tripulantes las llevaba.
Estas declaraciones contradicen una de las hipótesis de la defensa de los campesinos procesados, que sostiene que los disparos que acabaron con la vida de los policías se efectuaron desde el aire.
La defensa apoya esta argumentación en las declaraciones de los forenses que examinaron los cadáveres de los policías y los testimonios de los agentes que socorrieron a las víctimas, que coinciden en señalar que las heridas de bala de los cuerpos se hicieron de arriba abajo.
Sin embargo, Agüero declaró hoy que ni su copiloto, el oficial Gilberto Salinas, ni él portaban armas.
Reconoció que uno de los tripulantes de la aeronave durante los primeros sobrevuelos del área fue el subcomisario Erven Lovera, que dirigió el operativo y que falleció durante el tiroteo que originó la masacre.
Admitió además que, pese a que el helicóptero dispone de una cámara de vídeo de buena resolución, con infrarrojos y visión nocturna, no se pudo filmar nada ese día debido a que la cámara no estaba operativa y ninguno de los dos pilotos sabía utilizarla.
El testigo también dijo que el piloto Marcos Agüero, fallecido el pasado mes de agosto en un accidente aéreo en el área metropolitana de Asunción, era su camarada, pero no tripulaba su mismo helicóptero.
Además de Williams Agüero, en la sesión de hoy declararon otros seis suboficiales de Policía, cuatro hombres y dos mujeres, que participaron en el operativo de desalojo que dio lugar a la masacre.
En este operativo intervinieron unidades de agrupaciones especializadas de la Policía para desalojar a un grupo de campesinos que había ocupado unas tierras en disputa entre el Estado y una empresa privada para pedir que formasen parte de la reforma agraria.
En la masacre murieron seis policías, además de once campesinos por cuyas muertes no hay ninguna persona imputada.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
