En la fecha culmina el 61 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Buenos Aires en cuya agenda figura, entre otros temas, la definición del caso Arrom-Martí contra el Estado paraguayo, por supuestos hechos de desaparición forzada y tortura.
Para fuentes de la Procuradoría General de la República, institución que ejerció la defensa del Estado ante dicho Tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todo parece indicar que los jueces culminarán las deliberaciones, y que darán a conocer su resolución cuando esté lista, puesto que la elaboración de la sentencia puede demandar más tiempo.
El Gobierno aguarda un fallo favorable porque quedó demostrado, según el procurador general, Sergio Coscia, que no hubo participación de agentes del Estado en la supuesta tortura del que dicen haber sido víctimas Juan Arrom y Anuncio Martí, en enero del 2002. Ambos militaban entonces en el Partido Patria Libre y están imputados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Sin embargo, antes de dictarse sentencia, se fugaron al Brasil donde obtuvieron estatus de refugiados.
El Gobierno Nacional pidió al Comité de Refugiados del vecino país que dicha condición les sea revocada.
Arrom y Martí piden una indemnización de USD 50 millones cada uno, más USD 23 millones para sus respectivos familiares. Ambos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, que los mantuvieron secuestrados entre el 17 y el 30 de enero, y sometidos a tortura para que se declarasen culpables del secuestro de María Edith de Debernardi (16 de noviembre de 2001 a 19 de enero de 2002).
El procurador dice que quedó “demostrado ampliamente” que ningún agente del Estado tuvo participación en ese supuesto hecho.