Con miras a coordinar acciones sobre lo que va a ser la transición de la titularidad del Ministerio Público, el recién electo fiscal general Emiliano Rolón Fernández, quien asumirá en marzo del 2023, se reunió con la actual fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Hoy un informe revela que tendrá muchos desafíos para dar respuestas.
El encuentro tuvo como eje principal coordinar acciones para el traspaso de mando constitucional.
En la fecha, Quiñónez hizo entrega de un distintivo del Ministerio Público a Rolón, quien días pasados había enviado una nota para que la actual fiscala general permita hacer una auditoría interna.
La idea del fiscal electo es “ordenar la casa”, según él mismo le dijo en su nota. Luego de la reunión dijo a los medios de prensa que hay una necesidad de instalar un proceso de transición, que ya se está coordinando con la fiscala general y con otros funcionarios de manera interna, para facilitar ese trabajo.
Explicó que ordenar la casa significa conocer qué es lo que hay que ordenar. Se trata de un proceso que no tiene la extensión o la precisión de una auditoría intensa, pero tiene intención de diagnosticar cada área de cada dirección de cada compartimiento.
El próximo titular del Ministerio Público asumirá en marzo del 2023 al frente de la institución, en medio de un ambiente de desconfianza por parte de la ciudadanía y tendrá el desafío de devolver la credibilidad en la Justicia en sus cinco años de gestión en el cargo.
DIAGNÓSTICO. Un análisis emitido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) muestra el diagnóstico del Ministerio Público en base a datos estadísticos.
“Los problemas de la Justicia penal en Paraguay han sido detectados con bastante intensidad en los últimos años, y han motivado críticas sociales muy claras sobre la ineficacia, las dificultades de acceso, la mora y el avance de la impunidad”, concluyen.
Exponen a través de un informe que los indicadores de las denuncias ingresadas y las respuestas analizadas demuestran claramente que el Ministerio Público está en crisis. “Un alto porcentaje de denuncias ingresadas no tienen respuestas del sistema penal, esto se debe a la falta de capacidad institucional en dar respuestas efectivas”.
Se tomaron en cuenta los datos oficiales publicados por el Ministerio Público, en su informe de gestión del 2021 y coinciden que, al menos en las zonas del Departamento Central que tomaron en cuenta, en todas hubo bajo porcentaje de respuestas por parte de la Fiscalía.
Este sería un desafío más para el fiscal general entrante, quien además ya fue desafiado por muchos gremios de dar apertura para conversar y de impulsar causas que están en riesgo de extinción y no tienen resolución.
Porcentaje de causas sin respuestas en el 2021
El Ministerio Público cuenta con 125 sedes fiscales en todo el país, con 377 agentes fiscales.
En el año 2021 ingresaron 234.102 denuncias penales a nivel país, siendo la violencia familiar y el hurto agravado los más denunciados y es el Departamento Central la zona con mayor cantidad de hechos punibles.
En San Lorenzo, ingresaron 10.793 causas penales y se dio respuesta (imputaciones, condenas u otro proceso) a solo 11% del total de denuncias.
En Villeta, de 1.531 casos solo se impulsó procesos contra 5% de las causas, “quedando 94 % de los casos ingresados”.
En San Antonio, le dieron respuesta al 27% de las causas ingresadas.
En Villa Elisa, solo el 10% del total de casos ingresados fueron llevados a un proceso.
En Ñemby, se dio respuesta al 21,7 % de los casos totales.
En Fernando de la Mora, se respondió al 13 % de los casos.
Según el informe del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) “queda bastante por hacer para revertir la situación actual y dar respuestas más efectivas a la ciudadanía que mucho espera de su representante, el Ministerio Público”.