Dos de los tres caseros del diputado Tomás Rivas, cuya preliminar debía hacerse este lunes, pidieron a la jueza Letizia Paredes la suspensión de la misma, porque tenían otra diligencia que les fue notificada anteriormente. Además, entró un nuevo abogado.
La abogada Verónica Rotela, que representa al procesado Nery Antonio Franco González, solicitó la suspensión de la audiencia, ya que tiene otra preliminar en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme señala.
Indicó que la citada diligencia ya le fue notificada el pasado 7 de mayo, por lo que pide que se fije nueva fecha y hora para realizar la importante audiencia.
Igualmente, con respecto al coprocesado Lucio Romero, el abogado Miguel Ariette tomó intervención en la causa, en reemplazo del anterior abogado, por lo que adjuntó los documentos del caso.
Los caseros están imputados por los supuestos delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La causa se inició a raíz de la investigación periodística de ÚH, que constató que los mismos cobraban salarios en el Congreso, pero se desempeñaban en realidad como cuidadores de las casas del diputado.
Además de los citados Romero y Franco González, también está imputado Reinaldo Chaparro Penayo.
La preliminar está fijada para este lunes, pero la jueza debe decidir si suspende o no la diligencia.
DIPUTADO. Con respecto a Tomás Fidelino Rivas, la jueza Letizia Paredes rechazó esta semana el pedido de nulidad de la imputación en su contra.
Con ello, la defensa tiene cinco días hábiles para apelar la resolución, con lo que recién la próxima semana se va a cumplir con el plazo.
Lo más probable es que la defensa de Rivas plantee un recurso de apelación, para que los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios estudien la cuestión.
La causa con respecto al legislador se encuentra recién en la etapa inicial, porque recién fue desaforado hace unas semanas.
Con relación a los supuestos caseros, el fiscal Luis Lionel Piñánez ya presentó la acusación y el pedido de elevar el caso a juicio oral.
En la causa en cuestión, la investigación periodística del diario ÚH descubrió que el legislador de Paraguarí hizo figurar a empleados particulares suyos como funcionarios del Congreso.
Según se publicó, Chaparro era casero de la casa de Lambaré del parlamentario; Romero trabajaba en la estancia familiar y Franco era empleado de un comercio familiar de Rivas en el centro de Ybycuí.
Piñánez, en su pedido de juicio oral, agrega como prueba el registro de ubicación de las llamadas de los acusados que estaban en otro sitio mientras cobraban salario.
En la audiencia preliminar, la jueza Paredes deberá decidir si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
