03 mar. 2024

Cartistas frenarán proyecto sobre desalojo del Senado

Los diputados cartistas ya anunciaron que rechazarán el anteproyecto que fue presentado en el Senado que pretende suspender los desalojos violentos en el tiempo en que dure la pandemia.

El diputado Basilio Núñez adelantó que habrá rechazo del proyecto en su bancada.

“Que los propietarios estén tranquilos, en Diputados se respeta la propiedad privada. Ya dimos un ejemplo al rechazar la despenalización de la invasión de la propiedad privada”, expresó el legislador cartista.

Sin embargo, el diputado liberal Sergio Rojas dijo que está bien que toda propiedad ocupada de forma ilegal sea desalojada, pero que así como la preocupación se dirige a las ocupaciones, también se deben concentrar en estudiar los orígenes de los títulos de las tierras.

Insistió en que es el Poder Judicial el que debe resolver estos conflictos, ante la existencia de titulaciones irregulares en los Registros Públicos. Indicó que en ese sentido existe mucha debilidad de las instituciones del Estado.

Por su parte, el liberal Pastor Vera Bejarano resaltó que las ocupaciones ilegales de las tierras públicas, por parte de personas que no son sujetas del estatuto agrario, deben ser el foco de atención. “El caso más emblemático es el de Antebi Cué”, recordó.

El proyecto que pretende suspender desalojos temporalmente es iniciativa de la Codehupy, que se basó en el principio de que el derecho al acceso a la vivienda está garantizado por la Constitución. El senador del Frente Guasu Miguel Fulgencio Rodríguez fue quien recibió los documentos y se comprometió estudiarlos.

La Codehupy plantea modificar el artículo 52 de la Ley 6524 “que declara estado de emergencia” a causa del Covid-19.

“Suspéndase en todo el territorio de la República, durante el tiempo de vigencia de la declaración de pandemia producida por el SARS-CoV-2 por la Organización Mundial de la Salud y de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la ejecución de todas las decisiones judiciales, fiscales o de cualquier otra índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles rurales o urbanos”, dice parte del proyecto.

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