Se trata de un proyecto de derogación de la ley que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a adquirir nuevos préstamos para pagar su deuda. Alegó que con esta normativa se arriesgan los fondos jubilatorios de la institución.
La oposición se pronunció en contra por considerar la acción como una nueva jugada electoral del cartismo. El liberal Emilio Pavón anunció entonces que retiraba a su bancada y la sesión quedó sin cuórum.
Tuvieron que retomar la sesión anterior que se había interrumpido en el punto del proyecto sobre conflicto de intereses. Pero no pudo ser estudiada porque el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, dijo que con la ley de IPS muchos se sacaban las máscaras. Trató a los opositores de hipócritas y anunció el retiro de su bancada. Nuevamente la sesión quedaba sin cuórum.
El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos López, convocó a una nueva sesión para hoy, a las 8:00, y ubicó como primer punto el polémico proyecto de conflicto de intereses.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), se refirió a los improperios de Bachi y dijo que todo tiene un límite, que no pueden seguir aguantando su comportamiento.
Igualmente, adelantó su postura sobre el proyecto de conflicto de intereses, argumentando que solicitará la aprobación de la versión de Diputados, ya que la modificación que añadió el Senado, que extendió la limitación de contratos a parientes en instituciones del Estado, es inaplicable.
LA LEY. El proyecto de ley de conflicto de intereses fue presentado por el Poder Ejecutivo. El punto más importante y que causa más resistencia es el que regula la figura de puertas giratorias. Específicamente, el texto indica que todo funcionario que sale del Estado no podrá ejercer por un año en el sector privado en el área en la que se desempeñó, ya que puede llevar información sensible. Es el caso del grupo empresarial del ex presidente Horacio Cartes, que ubicó a todos sus ex ministros como gerentes de sus empresas, incluso trabando a otras y abriendo nuevas.
En esencia, el objetivo del proyecto es prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones a las actividades profesionales de funcionarios en el sector privado, cuando estén relacionadas con sus funciones.