El ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas Nunes, imputado el viernes por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, adquirió cuatro inmuebles de forma directa y a través de sus hijos y empresas, en cuyas operaciones registró egresos que ascienden a la suma de G. 1.731.722.052.
En tanto, la empresa Agroindustrial Ganadera JPC SA, cuyo socio mayoritario es Cárdenas, adquirió otros cuatro inmuebles por valor de G. 4.950.000.000. La compra de los ocho inmuebles da un total de G. 6.681.722.052 erogados.
Dicha firma también compró vehículos por un valor total de G. 1.544.216.433.
Según el escrito de imputación, Cárdenas Nunes, sus hijos Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez, así como su madre Elisa Nunes de Cárdenas, adquirieron las acciones de la mencionada empresa por la suma de G. 3.050.000.000. Sin embargo, solo el monto de G. 500.000.000 se encontraría justificado con ingresos que no provendrían del ex hombre fuerte del Indert.
Por otra parte, la fiscala anticorrupción Natalia Fúster explicó que Cárdenas Nunes ha constituido siete certificados de depósitos de ahorro, seis de forma personal y el otro a través de la firma MS Servicios y Tecnología SA (donde también es accionista), por un valor de G. 1.000.000.000, según informe del Banco Interfisa.
También resalta que el ex colaborador de Horacio Cartes canceló deudas pagando la suma de G. 3.355.763.217 y que incluso hubo una diferencia negativa –atendiendo el valor de los préstamos, y los montos finalmente pagados–, que asciende a una suma de G. 271.745.163.
INCREMENTO DESMEDIDO. La imputación recalca que el encausado habría obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor de adquisición superaría sus legítimas posibilidades económicas, teniendo en consideración lo percibido en sus remuneraciones públicas así como las privadas.
“Se sospecha de un irregular incremento de los bienes del citado y, asimismo, se presume la cancelación de deudas o extinción de obligaciones que superarían la legítima capacidad económica”, señala parte del documento presentado ante el juez Humberto Otazú, quien admitió la imputación y dispuso el embargo de todos los bienes y cuentas bancarias o de entidades financieras, a más de la inhibición general de gravar y vender bienes del ex titular del Indert.
El mismo cuenta con una orden de detención pendiente. La representante anticorrupción pidió además la prisión preventiva.
En cuanto a los hijos, requirió las medidas alternativas a la prisión. Ellos fueron imputados por lavado de dinero en calidad de coautores.