La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) mostró su contundente rechazo a la posible suspensión, por lo que resta del año, de las devoluciones de créditos fiscales en concepto del impuesto al valor agregado (IVA). Esta medida forma parte de la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, más conocida como la Ley de Reactivación 2.0, presentada por el Ministerio de Hacienda este lunes al Congreso.
El director ejecutivo del gremio, Hugo Pastore, subrayó que si bien entienden la coyuntura actual y la necesidad de obtener recursos para la crisis sanitaria, ven con preocupación que el Estado quiera apropiarse de dinero que es de los agroexportadores.
Subrayó que si el Tesoro quiere usar esta estrategia para financiar programas públicos, debería pagar intereses a los contribuyentes a quienes corresponden esos créditos fiscales, como ocurre cuando toma préstamos o emite bonos.
Resaltó que al negársele fondos que corresponden por ley, las empresas del rubro deberán asumir nuevos compromisos para sostenerse y para pagar al Fisco, lo que repercute directamente en su operatividad. Adelantó que buscarán a representantes del Ejecutivo y del Congreso para dialogar sobre esta medida y llegar a un punto de acuerdo.
“Entendemos que en esta coyuntura el Estado necesita caja, pero no tiene por qué apropiarse arbitrariamente de recursos que no son suyos”, expresó Pastore.
Medidas. La Ley de Reactivación 2.0, según lo presentado ante el Congreso, requiere de USD 365 millones para la implementación de las diferentes medidas económicas, sociales y sanitarias allí contempladas (ver la infografía).
En ese sentido, además de las medidas de racionalización del gasto, las reprogramaciones y los derechos que dará el FMI al Paraguay, el Fisco prevé suspender por lo que resta de este año la devolución del IVA a los exportadores de productos agrícolas. Con esto, calcula que podrían entrar a las arcas del Estado más de USD 100 millones adicionales.
Corresponde a créditos de tres años atrás
Tras la vigencia de la reforma fiscal desde el 2019, los agroexportadores solo reciben la devolución del IVA cuando realizan envíos de productos totalmente industrializados.
Sin embargo, como la Administración Tributaria está iniciando los procesos de devolución de créditos fiscales con retrasos de 3 años, esta medida afectará a las compañías del rubro que realizan envíos de granos en estado natural y que exportan productos de incipiente industrialización, con reembolsos pendientes del 2018.
Además, la ley no aclara si entran en la suspensión las devoluciones por excesos en retención.
