Elías Cabral | Canindeyú
La Justicia estaría allanando el camino para brindar impunidad al empresario Wilfrido José Esperanza Arias Silvero, quien sería el supuesto responsable de la depredación en la propiedad denominada Agropecuaria La Julia.
A pesar de todas las pruebas colectadas durante las investigaciones, estas no fueron suficientes y el fiscal del Medioambiente de Curuguaty, Jorge Romero, solicitó el sobreseimiento provisional del presunto infractor alegando falta de más elementos y tiempo para el efecto, aún cuando ya pasaron cinco años de haberse constatado el hecho.
El juez Carlos Martínez dio trámite de oposición en diciembre del año pasado con base en la imputación y acusación del anterior agente fiscal, Jalil Rachid, y remitió el caso a la Fiscalía General del Estado para su consideración.
En la contestación, Marco Alcaraz, fiscal adjunto interino del Medioambiente de ese entonces, reconoció que se constató una gran extensión de desmonte durante un allanamiento conjunto con la comitiva fiscal y con el técnico del Medioambiente, Julio Marecos, en el establecimiento “Agropecuaria La Julia”, de la colonia Jukeri, que pertenecería a Wilfrido José Esperanza Arias Silvero.
Igualmente, mencionó en su escrito que el 3 de enero del año 2013 una asistente fiscal, junto a la ingeniera forestal Zoraida Molas, constató el área deforestada en el establecimiento mencionado, pero llamativamente, al igual que el fiscal Romero, Alcaraz dijo que aún existen diligencias pendientes a realizar, a cinco años de haberse constatado el hecho, de manera a arrojar luz a la investigación, y ratificó el sobreseimiento provisional para el presunto trasgresor a la Ley del Medioambiente.
De esta manera, el juez Carlos Martínez no tuvo otra opción que conceder la medida de sobreseimiento provisional, encaminando el proceso –como otros tantos casos– a la impunidad.
En tanto, el funcionario Julio Marecos, de la Secreataría del Ambiente (Seam), informó que precisamente se realizaron varias intervenciones en el establecimiento “Agroganadera La Julia”, perteneciente a Arias Silvero.
“Inclusive hemos encontrado maquinarias pesadas en el lugar, en pleno trabajo de desmonte; pero cómo finalizó el proceso ya desconozco”, precisó.
Por su parte, Enrique Cañiza, asesor jurídico de la Seam, requerido por las actas de procedimientos y el proceso administrativo, dijo que él no estaba en la institución en ese tiempo, por lo que desconoce el caso, desentendiéndose de esta manera del proceso, aún cuando los documentos deben obrar en el archivo de la institución.
