Ricardo Canese, miembro paraguayo del Parlasur, manifestó que la postura de Paraguay en el 2023 debería ser mantener la tarifa de venta actual de Itaipú, lo que generará un ingreso adicional de USD 1.000 millones para el país. Sin embargo, aseguró que esos recursos deben tener un uso productivo y dejar de pensar en un Estado rentista. Remarcó que los países rentistas están en quiebra en todo el mundo.
“Tenemos que usar los recursos para desarrollar el sistema eléctrico, nosotros tenemos una tarifa baja si se compara con otros países, pero un pésimo servicio porque no se ha invertido. A la ANDE nunca le han dado la rentabilidad dictada por ley en los últimos 30 años. Esos USD 1.000 millones adicionales deben servir para ampliar el sistema eléctrico al menor costo de manera que las inversiones productivas tengan energía barata y de alta calidad”, expresó.
Vale recordar que dentro de cinco años, en concordancia con los 50 años de entrada en vigencia del Tratado, la Itaipú cancelará su deuda con Eletrobrás (Estado brasileño) por la construcción de la hidroeléctrica. Actualmente la binacional destina USD 2.000 millones al año para pagar ese pasivo, por lo que una vez cancelado el compromiso se podrán tener esos recursos extras, la mitad para cada país.
Sin embargo, si desean tener este dinero adicional, Paraguay y Brasil deben acordar mantener la tarifa de venta de Itaipú, algo que será difícil, considerando que los brasileños desean reducir el precio de la energía, según comentó Jorge Samek, ex director brasileño de la represa.
VENTA A TERCEROS. Canese también apuntó que Paraguay debe exigir la venta de su energía a terceros países, a precio de mercado. Comentó que el mismo Tratado no habla de exclusividad en la cesión de energía, algo que los brasileños interpretaron en forma unilateral. No obstante, recordó que el acuerdo Fernando Lugo-Lula da Silva (del 2009) establece que desde el 2023 Paraguay podrá vender su energía a terceros países y ese derecho tiene que ser ejercido. Aseveró que el pacto no puede ser desconocido por el Gobierno brasileño.