El diputado liberal Pastor Vera Bejarano pidió el tratamiento de urgencia del tema, debido a que los servicios en la comuna estaban interrumpidos y además aumentó la violencia a causa de la tensión, según las palabras del legislador sampedrano. El pedido ya fue postergado en varias ocasiones por artimañas de los cartistas.
El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, defendió la gestión de Rodríguez asegurando que su “único pecado” es ser candidato a diputado por su movimiento. Afirmó que es un caso de persecución política.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González refutó estos argumentos diciendo que existen documentos que demuestran las denuncias. Detalló que San Pedro tiene un presupuesto total de G. 11.000 millones, de los cuales, G. 7.000 son recursos genuinos y G. 6.000 millones son de Fonacide y Royalties, que desde mayo de 2021 no se reciben por falta de rendición de cuentas del intendente, acusado por corrupción.
Indicó que el jefe comunal está inhabilitado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) para firmar cheques. “Esto no es persecución política, es una muestra de corrupción e ineptitud de un intendente que cerró la Municipalidad, robó y desfalcó. Todo está documentado”, resaltó.
El diputado oficialista Hugo Ramírez lideró la comisión que estudió el pedido de intervención y manifestó que hay serios indicios de graves delitos en la gestión por valor de G. 1.700 millones. Relató que llegaron a este dictamen luego de pedir un informe de Contraloría que señalaba las irregularidades. Luego visitaron la ciudad para conocer las obras que fueron denunciadas, también escucharon la versión de los concejales municipales denunciantes y la defensa del intendente.
“Los servicios básicos no están garantizados en el distrito y no hay funcionarios porque no cobran sus salarios hace un año, como algunos concejales”, expresó.
El liberal Édgar Acosta indicó que es momento de revisar el enriquecimiento de los intendentes.
