El candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Rodríguez Kennedy, integrante del concurso que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, señaló que está a favor de establecer como ley la “antichicana” de modo a agilizar los trámites en el proceso judicial. Agregó que es impostergable además el derecho consuetudinario de los pueblos nativos y a la vez se mostró en contra de la derogación de la prejudicialidad.
El presidente de la Circunscripción de Presidente Hayes, Rodríguez Kennedy, simplificó en tres sus propuestas a llevar a cabo en el caso de que quede como miembro de la máxima instancia judicial.
Se refirió al proyecto de ley conocido como de “antichicanas” que busca frenar las masivas recusaciones como medidas dilatorias. Dijo que aprueba esta medida, pero con modificaciones. “Hay que entender que si se quiere atacar la mora judicial y bregar por la agilidad de los procesos, la mora judicial no se va a desalentar aplicando multas y sanciones pecuniarias a los colegas abogados, sino que debe ser gradual pasando por una llamada de atención o una aprehensión hasta un apercibimiento que conste en el legajo del profesional”, dijo.
Insistió que para establecer una sanción por las chicanas sean observados “todos los miembros del circuito estatal de juzgamiento”, ya que habrá casos en que la chicana también sea interpuesta por un magistrado moroso.
Derecho indígena. Rodríguez Kennedy indicó que el derecho consuetudinario de los indígenas se debe respetar y es una tarea de los jueces.
“Desde el 2016 aplicamos rigurosamente asistencia para la justicia de los pueblos indígenas, respetando el principio de convencionalidad, todo esto en el marco de lo que garantiza en la Constitución, los acuerdos y convenios canjeados y ratificados”, refirió y acotó que ante todo y de acuerdo a las disposiciones legales los jueces y tribunales deben tener en cuenta al momento de aplicar una sanción, el derecho consuetudinario de los nativos.
prejudicialidad. Invocando el artículo 17, numeral 4º de la Constitución, Kennedy apuntó que “nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa”. Precisó que una derogación de la prejudicialidad administrativa, proyecto que está en estudio en el Congreso, se opone además al principio de justicia de no penalizar todo .