Ramírez ha sido un funcionario muy crítico para las distintas administraciones del Ministerio.
Durante su gestión como secretario general del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó con la directiva la discusión de una nueva ley del Servicio Diplomático y Consular, Administrativo y Técnico, apoyado por el sector de funcionarios que por muchos años arrastraban una situación de amplias desventajas frente a sus compañeros escalafonados, tanto diplomáticos como administrativos. Desde el sindicato han denunciado algunas irregularidades administrativas vinculadas con el manejo discrecional de los recursos institucionales. Particularmente los elevados costos de alquiler de algunas residencias diplomáticas, entre otros.