El canciller Antonio Rivas y el procurador Sergio Coscia alegaron que se hizo todo lo que se pudo y que no tuvieron acceso al proceso por medidas restrictivas en Uruguay.
Ambos concurrieron a la convocatoria de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, presidida por la senadora Lilian Samaniego.
Los procesados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas estaban primero en Brasil, huyeron a Uruguay, y luego a Finlandia.
Indicó que el principio de confidencialidad fue un impedimento para que Paraguay acceda a información sobre las gestiones para el refugio de Arrom, Martí y Colmán.
Acotó que la Ley de Derecho a Refugio y Refugiados en Uruguay establece que la violencia de la confidencialidad será castigada con una pena de tres meses hasta tres años de penitenciaría.
Además, mencionó que según la información proveída por el titular de Interpol en Paraguay, el proceso de la revisión de la notificación roja, revestía carácter reservado.
“Lamentamos que continúe vigente en el Uruguay, lo que dijo en el 2012 el ex presidente (José) Mujica, que lo político está por encima de lo jurídico”, manifestó.
PROTESTAS. Rivas dijo a los senadores que iniciaron una serie de protestas en todos los foros internacionales, en donde Paraguay tiene participación, inclusive ante el Gobierno de Finlandia, mediante el embajador ante las Naciones Unidas, Julio César Arriola.
“Tanto la Cancillería como la Procuraduría, la Embajada y la Fiscalía en Montevideo han actuado conformes a las reglas que demandan este tipo de acciones, con total eficacia”, aseguró el canciller.
El procurador, por su parte, indicó que se habría filtrado información sobre la resolución de la jueza del caso.
Acotó que no se trata de persecución política, sino de personas sospechadas por secuestro que están sometidas a la Justicia paraguaya.
“El Estado hizo todo lo posible a su alcance, jurídica, procesal y diplomáticamente para conseguir que sean sometidos al proceso de extradición”, refirió.
Insistió en que no podían participar en la obtención de los salvoconductos y tampoco del proceso de refugio.
“Recién tuvimos acceso cuando se filtró a través de medios uruguayos. Tampoco íbamos a poder impedir que pasen a Finlandia porque contaban con salvoconducto, que es superior a la alerta roja”, senteció el procurador ante la comisión.
Filizzola sugiere al Gobierno que haga un mea culpa
El senador del Frente Guasu, Carlos Filizzola sugirió hacer autocrítica y dejar de culpar a terceros en torno al fallido intento de extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Consideró que fallaron algunas cuestiones, alegando que Mario Abdo tiene que dar mandatos a la Cancillería y a la Procuraduría.
“Me resulta muy extraño. Si hubo errores, demora de parte del Gobierno, hay que decir, no culparle todo a terceras personas”, criticó.
“No me hablen de complicidad conjunta de la izquierda, por poco ya no le culpan al papa Francisco”, ironizó el senador.
Trajo a colación que se trata de un caso que ya lleva muchos años, y pasó por distintos gobiernos.
Remarcó que incluso se contrató hasta un abogado para que siga de cerca el caso en Uruguay mismo.
Acotó que los procesados por el caso de Cecilia Cubas perdieron status de refugio en Brasil, con el actual gobierno de Jair Bolsonaro amigo de Mario Abdo.
Cuestionó que solamente se esté culpando al Gobierno uruguayo por este fracaso.