Los 47 diputados presentes en la sesión de ayer aprobaron por unanimidad que las tierras de Marina Cué, que actualmente están declaradas como área protegida, sean transferidas al Indert y esta institución transferirá a su vez al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La propiedad está ubicada en el distrito de Karapa’i, Departamento de Amambay. De esta forma serán beneficiadas 100 familias que ocupan el lugar.
Ambas instituciones ya acordaron previamente la permuta de manera a dar una solución definitiva a la comunidad campesina.
La masacre ocurrió el 15 de junio del año 2012, cuando llegaron los policías con la orden de desalojar a las familias que residían ahí. En el lugar perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías. El hecho marcó la historia del país, porque terminó con el juicio político a Fernando Lugo, el único presidente que llegó con la alternancia en más de 60 años de hegemonía colorada y no pudo terminar su mandato.
Además, 11 campesinos enfrentaron un largo proceso judicial. Fueron encarcelados y condenados sin que la Fiscalía cuente con pruebas necesarias de que los mismos hayan asesinado a los policías. También vale la pena señalar que no se investigó la muerte de los 11 campesinos.
El 26 de julio del 2018, 6 años después de la masacre, los detenidos recuperaron su libertad, ya que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena. Uno de los integrantes de esa sala penal fue el actual fiscal general Emiliano Rolón, quien explicó que la falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal fueron los argumentos para anular la condena a los 11 campesinos.
Durante la sesión de ayer, el diputado colorado Roberto González recordó que en el año 2000 se instalaron los primeros grupos campesinos en las tierras para iniciar el proceso de tramitación para la regularización de las tierras que son parte de la Reforma Agraria. Comentó que en el año 2004, Nicanor Duarte Frutos promulgó un decreto que declaraba de interés social para que sea destinado para la reforma agraria.
Reconoció que la masacre del 15 de junio fue el inicio de un largo calvario para las familias campesinas y que 11 campesinos fueron procesados de forma arbitraria.
“No se pudo demostrar la titularidad de la empresa Campos Morombi en el juicio”, señaló y sentenció que se concibió una “ley totalmente viciada”, cuando se declaró como área protegida la propiedad, teniendo en cuenta que la empresa no tenía el título de propiedad y no se tenían los presupuestos para que Marina Cué sea declarada reserva científica porque se trataba de un asentamiento humano, durante el Gobierno de Horacio Cartes.
La diputada cartista Del Pilar Medina destacó la reivindicación por la lucha por la tierra que vienen llevando adelante las familias de Marina Cué y resaltó que con el proyecto, el Paraguay no retrocederá en cuanto a la superficie de áreas silvestres protegidas.
El predio que recibe el Mades es considerado por la institución como Parque Nacional Pájaro Campana. En el informe se hace hincapié a que el área es hábitat del ave nacional del Paraguay.
El proyecto pasa a la Cámara de Senadores.
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fallecidos dejó aquel intento de desalojo. De los que perdieron la vida, 11 eran campesino y 6 eran policías.