Las nueve organizaciones que conforman el Comité Nacional de Agricultura Familiar decidieron unir fuerzas con otros grupos para coordinar una protesta masiva en marzo de 2022. La derogación de la Ley 6830 y la recuperación de la producción forman parte de las reivindicaciones.
El sector exige eliminar la criminalización de las ocupaciones contemplada en la Ley Zavala-Riera, que no solo eleva condenas, sino que permite a propietarios sin título denunciar los hechos, lo que da lugar a la protección de tierras malhabidas. A las reivindicaciones se suma la aplicación de la Ley 6286 de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina.
Para el efecto, el comité que reunió ayer en la sede del Partido Febrerista a más de 400 delegados y delegadas, prevé dialogar con otras organizaciones, entre ellas la Federación Nacional Campesina, que realiza su marcha anual en marzo.
El dirigente Gabino Medina mencionó que la idea inicial es coincidir con esa gran movilización el próximo año.