Édgar Medina
HERNANDARIAS
Un grupo de campesinos se encuentran acampado desde hace varios días frente a la vivienda de la jueza en lo Civil de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, por haber ordenado el desahucio de varias parcelas de la colonia Toryvete del distrito de Hernandarias. La medida de fuerza se realiza en Hernandarias, donde reside la magistrada y es por tiempo indefinido. La jueza sostiene que es víctima de coacción de los manifestantes, que ni siquiera se presentaron en el juicio para reclamar sus derechos.
Se trata de los miembros de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios El Mensú, quienes afirman que el Indert había establecido en una resolución que ellos poseen mejor derecho por las tierras, pero la magistrada ordenó el desahucio a favor de un brasileño identificado como Francisco Hanke.
“Pedimos la destitución de la jueza por haber realizado un mal trabajo en ese juicio. Ya presentamos una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero vamos a seguir acampando frente a su casa las 200 familias afectadas hasta que sea echada”, afirmó Sara Gamarra, una de las líderes.
La orden judicial cuestionada por la Asociación es un auto interlocutorio por el cual se había ordenado el desahucio de varias parcelas en un juicio caratulado Francisco Hanke contra personas innominadas sobre interdicto de recobrar la posesión.
La denuncia ante el JEM refiere que la magistrada supuestamente recibió dádivas para ordenar el desahucio de la propiedad, que para los agricultores pertenece al Indert.
TÍTULOS. “Nosotros no fuimos notificados del juicio, no sé qué títulos presentaron, porque no me dieron participación”, afirmó el abogado Jorge Vázquez, titular de la oficina regional del Indert, al ser consultado sobre el caso judicial. Afirmó que los miembros de la asociación El Mensú tampoco tenían la posesión de la tierra, pero si una declaración de que poseían el mejor derecho sobre esas tierras.
“Cuando a mí se me entregó la posesión a través de un interdicto que se estaba haciendo en Asunción, entonces, le hice trabajar a los técnicos. Estos informaron que las tierras estaban todas tituladas. ¿Entonces, como en la mensura dice que había excedente? Pero luego aparece la orden judicial porque supuestamente las tierras tienen títulos. Pero no he visto los títulos”, dijo.
La jueza Román Paiva, al dar su versión, dijo que “lo que ellos están haciendo es coaccionarme porque quieren que revea mi resolución, pero hasta ahora no se presentaron en la causa para reclamar sus derechos, si es que tienen”.
El juicio es un interdicto donde el accionantes demostró la posesión de las tierras, que son una 36 hectáreas. Tiene su casa, su plantación de árboles que fueron talados por los ocupantes precarios y el título de propiedad, acotó.
“Lo único que sé de los que me denuncian es que uno tiene antecedentes policiales, como Carlos Caballero y el ex diputado Waldemar Zárate, que se dedica a ocupar terrenos ajenos”, afirmó la magistrada. “Lo que hacen es fuera de lugar”, dijo.
